El texto que ha rechazado el ejecutivo local parte de la moción presentada inicialmente por el PSPV-PSOE, un documento que no reclamaba la auditoría y que proponía que el club de fútbol depositara «una fianza por el valor total de las obras de construcción del nuevo estadio» para «poder obtener la licencia de edificación» de ese campo.
Finalmente, la iniciativa socialista se ha modificado durante la sesión plenaria, a partir de un informe jurídico que ha encargado la Alcaldía respecto a la petición de la fianza y que considera que reclamarla desde el consistorio es «contrario a derecho», y de la enmienda presentada por Compromís pidiendo la auditoría externa sobre el coste del estadio --con los requisitos de las fichas urbanísticas aprobadas con las exigencias del convenio--.
La solicitud de la fianza se ha eliminado de la propuesta de acuerdo definitiva que se ha sometido a votación y en su lugar se ha incluido la enmienda planteada por Compromís para exigir esa auditoría, «aprobada en la comisión de urbanismo» celebrada en el consistorio «en febrero de 2024».
Al llegar el punto del orden del día referido a la iniciativa presentada por el PSPV-PSOE, el primero de las mociones planteadas para esta sesión, Catalá ha intervenido para señalar que se contaba con dos informes encargados desde Alcaldía sobre las propuestas de acuerdo que los socialistas defendían con el fin de conocer «las implicaciones jurídicas» que estas podían suponer.
De este modo, se ha planteado la posibilidad de que la moción impulsada por el grupo socialista fuera retirada. Para que los grupos municipales tuvieran conocimiento de los citados informes y el PSPV pudiera decidir qué hacer con su moción, la primera edil ha ordenado un receso del pleno. Finalmente y tras analizar esos documentos se ha reanudado la sesión y ha comenzado el debate de la iniciativa socialista porque este grupo ha decidido mantenerla.
Uno de esos informes ha sido emitido por la secretaria general y del pleno y el otro, por la secretaría del área de urbanismo. El primer de ellos, se refiere al punto uno de la iniciativa socialista, el que solicitaba «que se apruebe en el pleno de junio la modificación del Plan de Actuación Territorial Estratégica Valencia CF en los ámbitos estratégicos de cualificación urbana zona a antiguo Mestalla y zona b Corts Valencianes, que incluyen las fichas de gestión».
"iniciativas políticas"
El documento del secretario general y del pleno señala que este punto era propio de una moción, consideradas «iniciativas políticas» que propician «acuerdos de índole política» que «no pueden tener consecuencias jurídicas administrativas frente a terceros o externas».
Así, apunta que «aunque se aprobara el acuerdo primero de la moción en su actual literalidad solo podría ser entendido como una propuesta orientadora de la acción política del equipo de gobierno, en el sentido de impulsar, en lo que le compete, la mayor celeridad a las actuaciones en trámite para que la propuesta con consecuencias jurídicas puede elevarse al Pleno lo antes posible».
Además, precisa que no se ha pronunciado sobre los puntos 2 y 3 de la moción socialista, al tratarse de «asuntos de fondo sobre aspectos de la legalidad urbanística» y para conocer sus «implicaciones jurídicas» se ha remitido al otro informe, el emitido por la secretaria del área de Urbanismo. Este documento es el que ha puesto reparos a la petición que el PSPV hacía para que se le exija al Valencia CF una fianza referida al coste del nuevo estadio.
Los socialistas pedían en el punto 2 «que las fichas de gestión incluyan, a falta de la firma de un nuevo convenio, las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio, de manera vinculante, para poder disponer de las plusvalías urbanísticas» y en el 3, «que las fichas de gestión establezcan la obligatoriedad de que el club deposite una fianza por el valor total de las obras de construcción del nuevo estadio, acreditado por el ayuntamiento sobre un análisis técnico del mismo, para poder obtener la licencia de edificación para la conclusión» de esas obras.
No existe "norma jurídica"
El secretario de Urbanismo ha concluido que en el punto 2 «no se observa impedimento legal» para su aprobación y ha agregado que «en el supuesto de que no llegara a firmarse un nuevo convenio con el Valencia CF, las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio se encuentran recogidas en los convenios suscritos por el Ayuntamiento con dicha entidad» y como «obligaciones» del club.
No obstante, respecto al punto 3, expone que «a diferencia del punto anterior», esta propuesta de acuerdo «es contraria a derecho». En esta línea, expone que no existe «norma jurídica que ampare al Ayuntamiento para exigir una fianza por el valor total de las obras de edificación al solicitante de la licencia» y agrega que «no habiendo sido asumida tampoco esa obligación de forma voluntaria en los convenios suscritos por el Valencia CF con el Ayuntamiento resultaría contraria a derecho la inclusión de esta previsión en las fichas de gestión».
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