El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este martes, con los votos a favor del PP-A, la abstención del PSOE-A y Vox, y el voto en contra de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, el decreto-ley que aprobó el Consejo de Gobierno la semana pasada para modificar distintas disposiciones normativas --como la Ley de Función Pública o el último decreto de medidas de simplificación administrativa aprobado en febrero-- con el objetivo de dar cumplimiento a acuerdos alcanzados al respecto entre la Administración andaluza y el Gobierno central.
Se trata, en concreto, del Decreto-ley 5/2024, de 21 de mayo, por el que se da cumplimiento a los Acuerdos de 30 de diciembre de 2022 y de 13 de febrero de 2024 de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma, y se modifican otras disposiciones normativas.
Por otro lado, el Pleno ha rechazado, también con los votos del PP-A, tramitarlo como proyecto de ley, algo que había solicitado el Grupo Socialista.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha sido el encargado de defender ante el Pleno este decreto, que, según informó la Junta la semana pasada, adopta modificaciones que han sido «formuladas con el fin de dotar a las normas de mayor claridad y seguridad jurídica».
Respecto al decreto de simplificación y racionalización administrativa aprobado el pasado mes de febrero, ha detallado que, entre otras modificaciones, «se concretan los tipos de procedimiento en los que se aplica la excepcionalidad del sentido desestimatorio ciñéndolo a los que tengan por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, evitándose así interpretaciones extensivas».
En los artículos relativos a la dependencia, se ha establecido que el informe sobre condiciones de salud del solicitante «puede ser suscrito por un profesional médico o de enfermería, habilitando a ambos para su emisión».
En el apartado de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se aclara que el informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico «no se tiene que presentar ante el órgano ambiental, sino ante el órgano sustantivo».
También se especifica que el uso de arma rayada en los parques naturales de Sierras de Cazorla, Segura y las Villas y Sierra Mágina «sólo podrá ser autorizada en determinados cotos de ese ámbito, estableciendo la obligatoriedad de hacer pública la relación de estos en el BOJA».
Respecto a las instalaciones de baja tensión, se han actualizado los documentos para acreditar la formación y conocimientos de las personas instaladoras.
Por otro lado, respecto a medidas de simplificación relativas a la administración pública, el decreto establece el órgano administrativo al que le corresponde decidir la cobertura de puestos de trabajo mediante personal funcionario interino y laboral temporal, previendo también la utilización de medios electrónicos para responder eficazmente a las necesidades de personal de la administración.
Además, ante las «dificultades» que los guardas jurados de caza pueden tener para insertarse laboralmente, el decreto modifica la normativa, de manera que «los habilitados con anterioridad al decreto de simplificación, así como los habilitados hasta el 31 de diciembre de 2024, puedan seguir cumpliendo sus funciones hasta la edad de jubilación».
Función pública
Por otro lado, la Ley de Función Pública se modifica para establecer «la necesidad de tener autorización previa» de la Consejería del ramo «para el nombramiento de personal interino tanto para programas de carácter temporal y de exceso o acumulación de tareas».
También «se aporta claridad respecto a la promoción interna vertical del personal funcionario de carrera, de manera que el personal del subgrupo C1 pueda promocionar al subgrupo A2 sin necesidad de pasar por el grupo B».
Se establecen, además, medidas de control de la temporalidad en el empleo público con el objetivo de «dotar a la administración andaluza de mecanismos ágiles y eficaces para la cobertura de puestos, optimizando los recursos humanos, al mismo tiempo que se regula la creación de las unidades administrativas de apoyo a la gestión administrativa».
Revisión de precios de obras públicas
Por otro lado, se ha modificado también el decreto por el que se aprobaron medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras para contemplar «de forma expresa» que el régimen previsto en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo «sólo será aplicable a los contratos de servicios necesarios para la ejecución de obras públicas y a otros contratos no previstos en el mismo, siempre que así lo establezca la normativa básica».
Además, se cambia el artículo sobre la modificación de los materiales en los contratos de obra pública incluyendo que la modificación de los materiales tomados en cuenta para la elaboración del proyecto que sirvió de base a la licitación se podrá hacer «siempre y cuando concurran las condiciones y se respeten los límites previstos en la Ley de Contratos del Sector Público».
También se ha modificado la ley relativa a las medidas para la asistencia y atención a víctimas del terrorismo de Andalucía para «ampliar los beneficiarios en materia de becas y ayudas al estudio, haciéndolo extensivo a las personas vinculadas a las víctimas por razón de parentesco o convivencia», al mismo tiempo que «se aclara que el ámbito educativo incluye la educación universitaria».
Finalmente, se ha modificado también la ley de la RTVA para incluir como vocal en su Consejo Asesor a representantes del Consejo Andaluz Lgtbi y del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, pasándose de 13 a 15 miembros.
Críticas de la oposición
En el turno de posicionamiento de los grupos, el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Josele Aguilar, ha acusado al Gobierno del PP-A de cometer un «desprecio» al Parlamento y «al mínimo rigor que le sería exigible a las normas que llevan» al BOJA, y ha criticado sus «prisas» por convalidar dicho decreto una semana después de su aprobación y cuatro días después de su publicación en el boletín de la Junta.
El representante socialista ha criticado que el decreto objeto de debate constituye «un batiburrillo de normas inconexas que nada tienen que ver unas con otras», antes de concluir censurando también las «chapuzas» en relación al decreto de simplificación que se vuelve a modificar.
El portavoz adjunto de Vox, Ricardo López, ha tachado de «chapuza» este decreto, y ha criticado al consejero de la Presidencia que no haya pedido «disculpas» por una cuestión que ha considerado «gravísima» y que «no tiene ningún tipo de explicación», según ha denunciado antes de acusar al Gobierno andaluz de «tomarle el pelo a los andaluces» con «trampantojos» que se dedican a hacer «sin dar después ningún tipo de explicación».
La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, también ha acusado al Ejecutivo del PP-A de cometer «chapuza tras chapuza», y le ha preguntado «cuántas veces van a traer modificaciones» del «famoso decreto-ley de simplificación» en el que «meten a mogollón un montón de cosas» y que «tiene trampas», según ha denunciado antes de concluir acusando a los miembros del Gobierno del PP de ser «un peligro para el Estado de Derecho».
Frente a estas críticas, el diputado del PP-A Pablo García ha defendido que la Junta «está inmersa en la mayor transformación administrativa y digital de los últimos tiempos», y es una administración «proactiva» bajo la presidencia de Juanma Moreno que apuesta por la simplificación administrativa como «una política pública transversal» y «pilar fundamental para promover la productividad, la creación de empleo y la atracción de inversiones».
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