La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones a la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) anunciada por el Ministerio de Sanidad por considerar que existe invasión de competencias, falta de rigor y ausencia de memoria económica, entre otras motivaciones.
El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública este proyecto normativo, con el que, en palabras de Mónica García, se busca «poner coto» a los «usos indecentes» del Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre otros objetivos, la ley busca «facilitar la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos», según se recoge en el propio documento de la consulta pública.
«Esta ley va a poner coto al lucro incesante de las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad. Se da un carpetazo a la Ley 1597 y se da vía libre al lema de 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'», señaló la ministra.
En su escrito de alegaciones, consultado por Europa Press, el Ejecutivo autonómico sobraya que la normativa podría exceder las competencias estatales e invadir competencias propias de las Comunidades Autónomas en materia de coordinación y bases generales de la sanidad, y podría suponer una vulneración de las normas europeas incorporadas al ordenamiento jurídico.
«Parece que la norma proyectada pretenderá regular materias que en la actualidad son competencia de todas las Comunidades Autónomas con excepción de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en cuyo caso nos encontraríamos con una grave infracción del ordenamiento jurídico que afectaría a nuestra Constitución», alegan desde la Comunidad en su escrito.
En este sentido, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se remarca que el texto de Sanidad trata de regular el modelo de colaboración público-privada en materia de transparencia, auditoría y rendición de cuentas «cayendo en la redundancia», ya que muchas de las normas propuestas ya se vienen aplicando en la Comunidad de Madrid desde hace años.
En el texto de Sanidad se contemplan medidas encaminadas a «mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad» y «facilitación de la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes».
«Estas medidas ya se aplican en el ámbito autonómico de la Comunidad de Madrid, por un lado, mediante auditorías que miden la prestación de la asistencia a los ciudadanos y la calidad, y, por otro, a través del control de la facturación mediante el »Manual de Facturación Intercentros. Año 2016 y sucesivos«. En cualquier caso, las entidades concertadas o conveniadas de gestión indirecta tiene la obligación de someter su actividad a la inspección y control de la Administración titular», recuerda el Ejecutivo autonómico en sus alegaciones.
Igualmente, añade, en las cuestiones planteadas sobre transparencia en la contratación y rescisión de servicios. «Todas estas medidas que la norma pretende regular ya existen en la Comunidad de Madrid y ello en aplicación de normas dictadas en ejercicio de competencias propias de la Comunidad, cuál es su poder de autoorganización», argumenta la Comunidad de Madrid, que considera que se «estaría invadiendo competencias propias de la Comunidad y vulnerando el orden de distribución previsto en la Constitución y el Estatuto de Autonomía».
En la misma línea, desde el Gobierno madrileño se remarca que el proyecto del Ministerio «no aporta soluciones realistas, ni concretas» y se subraya que la propuesta de normativa «está redactada genéricamente y carece del mínimo rigor normativo, económico y organizativo, al no aportar cifras, referencias doctrinales, ni económicas alguna y sin relacionar ni concretar los problemas que dice querer subsanar con la normativa vigente», han apuntado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.
«La ficha en que se concreta la consulta señala diversos problemas que se pretenden solucionar, sin embargo, no se acredita y concreta cuáles son dichos problemas, sino que se hacen afirmaciones genéricas que, en el caso de que existan, parecen referidos a la gestión de determinados conciertos, contratos o concesiones sin concretarse la titularidad de los mismos, es decir, si corresponden a la gestión sanitaria del Estado o la que compete a las Comunidades Autónomas», alega la Comunidad.
Normativa europea
Igualmente, defiende que la propia Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público permite que los poderes públicos tengan libertad para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios. «Al impedir esta libertad a las Comunidades Autónomas la norma proyectada sometida a consulta, no solo se estaría vulnerando el orden de atribución de competencias consagrado en la Constitución, sino que se incurriría en una vulneración del acervo comunitario europeo que como Estado miembro hemos incorporado mediante la Ley de Contratos del Sector Público, siendo necesario revertir la transposición de las Directivas mencionadas para modificar la Ley 9/2017, con las repercusiones que ello pudiera acarrear en el ámbito de la Unión», advierte.
Además de afear que el proyecto en cuestión no se encuentra incluido en el Plan Anual Normativo 2024 del Ministerio, el Gobierno madrileño defiende en sus alegaciones que el sistema de colaboración público-privada no supone una perjuicio para la Sanidad Pública. «La gestión indirecta en ningún momento incide en el régimen de acceso y en el contenido de la prestación sanitaria para los ciudadanos, ni tampoco altera la financiación con fondos públicos del servicio, por lo que en ningún caso esos problemas aludidos en la consulta, entre los que se encuentra »la pérdida del control de gestión por las Administraciones Públicas«, podrían justificar el proyecto desde el punto de vista de las competencias regulatorias de bases y coordinación que tendría el Estado en la materia», hace hincapié.
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