Según ha explicado el alcalde, Javier Ayala (PSOE) este precintado se produce en cumplimiento del decreto de paralización de las obras emitido la pasada semana por el Ayuntamiento por considerar que, al existir un expediente de reversión del espacio y, por lo tanto, dudas sobre la titularidad del mismo, «no deben comenzar los trabajos».
Desde el Consistorio explican que no han recibido «notificación alguna» del Juzgado para la suspensión de manera cautelar del decreto, por lo que continúan «con lo establecido» en la orden de paralización de obras.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada considera que la Comunidad de Madrid incumple el convenio de cesión del espacio de La Cantueña y, por lo tanto, «la ciudad está en su derecho de recuperarlo», subraya su regidor.
Además, Ayala explica que el Consistorio está en contra del modelo de «macrocentro» elegido por la Comunidad de Madrid que «incumple las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de servicios sociales».
«Como ya anunciamos hace unos días, hemos procedido hoy a la paralización de los trabajos de construcción del macrocentro para menores que la Comunidad de Madrid quiere construir en Fuenlabrada. Paramos las obras en base a una cuestión muy clara. Hay abierto un expediente para la reversión del espacio y por ello parece de sentido común que no se inicien los trabajos cuando está discutiéndose precisamente en este momento sobre la propiedad del inmueble», ha declarado el primer edil.
El alcalde, convencido de que se incumple el convenio
Javier Ayala subraya el convencimiento del Ayuntamiento de que la Administración autonómica «incumple el convenio de cesión de ese espacio», por lo que tienen «el derecho de recuperarlo». «Así lo vamos a defender donde haga falta», ha apostillado en un vídeo.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid ha estimado la petición de medidas cautelares provisionalísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid, suspendiendo así la aplicación del decreto de la Concejalía de Infraestructuras, Urbanismo, Movilidad y Mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada que paralizaba las obras en La Cantueña.
El auto del Juzgado, al que tuvo acceso Europa Press, da un plazo de tres días al Consistorio fuenlabreño para que presente alegaciones antes de dictar auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelar.
Según argumenta el auto, concurren en este caso «suficientes elementos» que «permiten apreciar la situación de urgencia requerida» por la Comunidad de Madrid para solicitar la suspensión del decreto municipal.
Asimismo, el juez considera que ante el reciente inicio de las obras, acceder a la suspensión cautelar de la decisión de paralización representa «el mantenimiento de la situación material y jurídica preexistente», sin perjuicio de su posible modificación una vez se reciban las alegaciones del Ayuntamiento y se resuelva de forma definitiva y tras escuchar a todas las partes.
Tampoco se advierte, sostiene el auto, «un grave perjuicio del interés general» por el hecho de permitir que las obras continúen ejecutándose durante «el breve plazo de tres días que se concederá para la formulación de alegaciones por el Consistorio».
Un "perjuicio mayor" si se paralizan las obras
Por el contrario, sostiene, la clausura y precinto de dichas obras «supondrá su inmediata paralización», lo que «presupone objetivamente un perjuicio mayor si después hubiera de ser removido el precinto», dado el «presumible retraso que la ejecución de dicha remoción podría conllevar en cuanto representa la reanudación de unas obras de remodelación, con el subsiguiente traslado de personal, maquinaria y materiales de obra».
Tras el decreto municipal que paralizaba las obras por tratarse de un uso que, a juicio del Ayuntamiento, incumple el convenio de cesión del espacio a la Administración regional, la Comunidad de Madrid --que se ampara en la Ley del Suelo autonómica para justificar la legalidad de su decisión--, recurrió ante la Justicia.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, acusó el martes al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE) de «rechazar» a los menores extranjeros no acompañados que la Comunidad de Madrid pretende acoger en el centro de La Cantueña, con su «boicot permanente» al proyecto.
Un centro que la Comunidad quiere habilitar «lo antes posible» y para el que prevé invertir 6,9 millones de euros para habilitar un centenar de plazas de acogida y poder así «atender las demandas del Gobierno de España» con respecto a los menores extranjeros no acompañados que «va a trasladar» a la región madrileña.
El Consistorio cedió el centro a la Administración regional hace 20 años para un centro de difusión ambiental, por lo que al incumplirse el convenio, a juicio del Ayuntamiento, éste activó la cláusula que le habilita a recuperar las instalaciones.
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