El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha anunciado que el Ayuntamiento de Zaragoza «acudirá al auxilio judicial» para desalojar las «ocupaciones ilegales» en los edificios de Zamoray-Pignatelli, una vez que el Consistorio haya adquirido el 100% de la propiedad de los inmuebles.
«Conforme vaya adquiriendo el cien por cien de las propiedades que hoy están ocupadas ilegalmente, acudirá al auxilio judicial, es decir, vertebrará la correspondiente demanda judicial ya como propietario del edificio para, previo informe evidentemente de asesoría jurídica, elevar la cuestión a los tribunales e iniciar los desalojos oportunos», ha explicado Serrano en rueda de prensa.
Así, ha explicado que todavía no se ha podido actuar por no tener el cien por cien de la propiedad expropiado o adquirido, pero ha avisado de que van a seguir avanzando y que, entre las prioridades, está el edificio 'Pignatelli 76', en el que espera firmar ante notario el acta definitiva con el cien por cien de la propiedad la próxima semana.
El consejero ha señalado que el Plan Especial Zamoray-Pignatelli «contemplaba un ambicioso plan de expropiaciones» con el objetivo de que el Ayuntamiento se hiciera con la propiedad de los solares y edificios que presentaban problemas de convivencia, «muchos de ellos coinciden con edificios ocupados ilegalmente».
Por ello, ha criticado que el PSOE «paraliza cualquier iniciativa legislativa» para «castigar la ocupación ilegal» y «proteger a los propietarios de vivienda», mientras que, cuando gobernaba en el Ayuntamiento, «favorecía políticas que premiaban a los okupas».
El primer gobierno "empeñado" en erradicar la ocupación
Serrano ha asegurado que, desde 2019, son «el primer equipo de gobierno de la ciudad que está empeñado en luchar y en erradicar la ocupación ilegal de viviendas» y ha recordado cómo una de las primeras medidas que tuvieron que tomar en la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, «gracias a la labor y al trabajo de la izquierda», es que se otorgaba puntos por «haber ocupado ilegalmente una vivienda», a lo que ha sumado otras situaciones como la del antiguo instituto Luis Buñuel.
«Cuando el PSOE gobierna, lo que favorece es la ocupación ilegal, con el impacto en el mercado de vivienda», ha aseverado, algo que «no por llamativo, deja de ser absolutamente injusto», en referencia a que «pida ahora una Comisión de Urbanismo para hablar de esta cuestión cuando lo que hacían cuando gobernaban era favorecer políticas que favorecían la ocupación ilegal y que premiaban a los okupas».
Ha acusado a la izquierda de «cinismo» al pedir explicaciones por la situación de 'Pignatelli 76' cuando toda la legislación del Gobierno de España, con «sus socios de Sumar», ha venido a favorecer este fenómeno.
Frente a ello, ha reivindicado que, gracias al convenio del Ayuntamiento con el Colegio de Abogados, se ha asesorado a 350 personas en materia de ocupación, que afecta más en aquellos barrios con una menor renta per capita, como son Delicias (36,4%), Casco Histórico (18%) y Oliver-Valdefierro (9%).
Por ello, el consejero ha defendido el «ambicioso plan de expropiaciones» recogido en el Plan Zamoray-Pignatelli, que obedece al objetivo de que el Consistorio se vaya haciendo propietario de esos solares porque la ocupación ilegal, aparte de a los propietarios, supone un impacto para los vecinos del edificio y del barrio.
Serrano exige reformar o derogar la ley de vivienda
En otro orden de cosas, Serrano ha exigido derogar la Ley de Vivienda porque cree que «perjudica a los propietarios de vivienda y que favorece los fenómenos de ocupación», además de responsabilizarla de provocar «un detraimiento en la oferta y demanda de vivienda en Zaragoza y en otras ciudades importantes de España».
«Cuando los propietarios temerosos de no ver su derecho a la propiedad, a cobrar la posesión de la vivienda, prefieren no alquilar, no sacar al mercado del alquiler su vivienda, se produce un fenómeno como el que hemos conocido y que también los medios de comunicación han reflejado estos días, y es que el precio del alquiler sigue y sigue subiendo», ha opinado.
En este sentido, el consejero ha señalado que «en los últimos cinco años, la realidad es que el precio del alquiler en España ha subido de media un 40%», y aunque los datos en Zaragoza son mejores, ha asegurado que también han detectado un aumento desde que está en vigor esta norma.
Por ello, ha asegurado que el Ayuntamiento de Zaragoza «va a intentar que esa ley, que perjudica claramente a todos los ayuntamientos de España, se vea reformada o directamente derogada y sustituida en su práctica totalidad».
Además, ha insistido en que «a través de la FEM, a través de todos los canales que las administraciones locales tenemos de interlocución con el Estado, vamos a seguir insistiendo desde los gobiernos del Partido Popular en que es necesaria una ley antiocupación que acabe con estas situaciones absolutamente injustas», además de generar cada semana «conflictos», «incendios», «alteraciones de la paz vecinal» o «altercados», que tienen que ver en su práctica totalidad con fenómenos de ocupación ilegal.
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