La comparecencia, prevista a partir de la 11,00 horas, forma parte de la iniciativa anunciada por la madre del menor, quien anunció el pasado 11 de mayo su intención de encabezar una batalla judicial para frenar la supuesta producción de este 'true crime' tras tener indicios de que Ana Julia Quezada tendría un teléfono móvil y habría contactado con periodistas para filmar desde prisión el documental.
Según ha trasladado en un comunicado, durante su intervención tiene previsto dar a conocer los «continuos incumplimientos del estatuto de la víctima tanto por acción u omisión» así como las presuntas «irregularidades» dentro de la cárcel de Ávila y en instituciones penitenciarias. También dará cuenta, según ha avanzado, de las acciones legales emprendidas y sus denuncias ante «diferentes hechos criminales».
Patricia Ramírez también va a solicitar una serie de «medidas urgentes» para investigar los hechos y «depurar responsabilidades» así como para «resolver su situación económica en aras a la responsabilidad civil» de medio millón de euros a la que fue condenada la asesina, la cual todavía no habría sido satisfecha.
No obstante, ha dejado claro que su principal interés pasa por protegerse de la «intención clara» de la «lesionar» a los allegados de Gabriel Cruz al «contar una nueva versión de lo acontecido».
«Espero nos atiendan, protejan y amparen para tener calma, vivir sin miedo posibilitando que ninguna víctima tenga que pasar por lo mismo horror», ha manifestado Ramírez.
Patricia Ramírez aseguró en su comparecencia de mayo que cuenta con indicios suficientes para saber que durante los últimos meses una productora, cuyo nombre ha declinado revelar, estaría preparando un 'true crime', para lo que habría conseguido entrevistas con Ana Julia Quezada.
La madre del 'pescaíto' especificó su intención de interponer querellas criminales por presuntos delitos de cohecho contra funcionarios de prisiones, que habrían facilitado esas entrevistas «sin permiso» de sus superioridad, y otras personas relacionadas con la presa «fuera de la cárcel», así como contra la propia Ana Julia Quezada y contra Instituciones Penitenciarias, de manera subsidiaria.
Desde entonces, ha iniciado una campaña bajo el lema 'Nuestros peces no se venden' encaminada a la protección de la imagen de los menores que se han visto envueltos en graves sucesos ante la producción de docu-series y dramas que reviven estos hechos.
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