Tres madres amenazadas con el desahucio de las viviendas donde residen en situación de 'okupación' con sus hijos menores de edad en Valencia han expresado este miércoles su «hartazgo» por la «falta de respuesta» de las administraciones para ayudarles a encontrar un hogar o a facilitarles medidas como alquileres sociales. «No somos delincuentes», defienden, y explican que se han visto «obligadas» a okupar inmuebles porque no tienen ninguna alternativa.
A su juicio, la falta de vivienda y no la okupación es el principal problema. Lola, Carmen y Vanesa, de 30, 35 y 28 años, han explicado la difícil situación a la que tienen que hacer frente en las próximas semanas en una rueda de prensa junto a representantes de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH).
«Solo quiero una vivienda que pueda pagar y que me quede para comer para mí y para mis niñas, no pido más. No somos delincuentes», ha manifestado Lola, quien vive en València junto a sus dos hijas de 3 y 7 años en una vivienda en la que residía en régimen de alquiler social que pasó a un fondo buitre.
Esta joven se encuentra «en situación de okupación», cobrando una ayuda de 800 euros al mes que no le llega para un alquiler, y logró paralizar dos desahucios el pasado abril. Sin embargo, tiene la citación judicial del próximo para el 25 de junio, una fecha en la que ha subrayado que «no hay cole» y sus hijas tendrán que estar presentes.
Ante esta situación, Lola ha criticado la falta de respuesta del Ayuntamiento de València y de la EVha de la Generalitat, a pesar de que está registrada como demandante de vivienda desde 2017. «Ahora que de verdad es un drama, porque me veo en la calle, me dicen que están baremando y que no hay vivienda», ha lamentado, y ha reivindicado: «No somos ciudadanos de tercera, somos ciudadanos igual que vosotros y que todos. No soy una delincuente, me encuentro en esta situación y quiero ayuda».
Por su parte, Carmen se enfrenta a un desahucio el próximo 8 de julio en el piso de Torrent (Valencia) donde vive desde hace un año con sus tres hijos y con su nieta. Acaba de terminar de cobrar un subsidio mensual de 480 euros, por lo que no tiene ingresos.
«De momento no hay ninguna respuesta: he ido a servicios sociales y me dicen que no hay vivienda, también a la EVha y al Ayuntamiento y no me dan ninguna alternativa», ha expuesto.
En la misma situación se encuentra Vanesa, quien vive en València junto a sus dos hijos menores y su marido en un piso que se vio «obligada» a okupar hace tres años, una vivienda que pertenece a un fondo buitre extranjero y del que pretenden desahuciarla el próximo 13 de julio.
Tampoco ha recibido respuesta de las administraciones, ya que ha explicado que envió una solicitud de alquiler al Ayuntamiento y le contestaron que «están baremando su situación y que eso va a su ritmo». «Llamas por teléfono y te dan largas, solo dicen que no hay pisos», ha señalado.
Esta joven, que cobra 900 euros al mes de una ayuda, ha recordado la rapidez con la que se concedieron viviendas para los afectados por el incendio de Campanar del pasado febrero: «No me alegro del incendio, pero de la noche a la mañana salieron pisos».
Más de 1.000 desahucios en el primer trimestre
Por parte de la PAH, su portavoz en València, José Luis González, ha lamentado que en la Comunitat Valenciana se han registrado 1.037 desahucios en el primer trimestre de este año, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Supone un aumento del 2,67% respecto al mismo periodo de 2023, una subida menor a la estatal del 12,8%.
«No son números, son personas», ha recordado, y ha cargado contra los bancos y los fondos buitres por su «ataque bestial a la gente que no puede pagar un alquiler», contra el Gobierno y los partidos políticos por no adoptar medidas contra la especulación y contra los jueces que ordenan desahucios sin alternativa habitacional.
El portavoz de la PAH también ha rechazado que se «disfrace el relato» trasladando que la okupación es el principal problema de la vivienda en España, ya que «muchas familias okupan su vivienda porque no hay» o porque las expulsan al finalizar su contrato de alquiler para convertirlas en pisos turísticos.
Por todo ello, ha asegurado que la PAH seguirá movilizando a la ciudadanía para evitar desahucios y «quemará todos los cartuchos» para forzar al Gobierno a poner el derecho a la vivienda por encima de todo, incluso «de los salarios si fuera preciso». «Que digan si de verdad tienen ganas de poner firmes a los especuladores», ha retado.
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