La Fiscalía de Bizkaia ha rebajado a 16 años (8 por cada niño) la pena solicitada para la mujer acusada de dos delitos de asesinato en grado de tentativa de sus dos hijos mellizos de 10 años en año nuevo de 2023 en Barakaldo, con la agravante de alevosía y parentesco, tras aplicar una atenuante muy cualificada de alteración psíquica y la de confesión. Tanto la acusación particular como la defensa de la encausada se han sumado a la petición de la fiscalía, que inicialmente solicitaba 36 años de prisión.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido este martes el juicio contra la mujer acusada de presuntamente intentar matar a sus dos hijos menores de edad el 1 de enero de 2023 en Barakaldo (Bizkaia).
En el momento de los hechos, la mujer tenía la guarda y custodia exclusiva de los menores y, según el escrito de la fiscalía, la procesada, «con la clara y definida intención de acabar con la vida de sus hijos, de diez años de edad, y a causa de saber que podía perder su custodia, les suministró una cantidad indeterminada de benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos».
Una vez que perdieron el conocimiento, «anulada cualquier posibilidad de defensa», les hizo «sendos cortes en el cuello con un cuchillo». Posteriormente, es cuando llamó al padre de los niños para comunicarle que les «había hecho algo a sus hijos y que acudiera a su domicilio». La mujer reconoció los hechos a los agentes que acudieron a la vivienda.
Los menores fueron declarados en situación de desamparo y su tutela fue asumida por la Diputación foral de Bizkaia, que reclama en nombre de los menores por las lesiones sufridas y por los daños y perjuicios ocasionados.
En su escrito de acusación, la Fiscalía señala que la procesada está diagnosticada de «trastorno de personalidad, trastorno por uso de sustancias psicoactivas y déficit intelectual ligero, con antecedentes de consumos activos de psicoestimulantes-cocaína, presentando en el momento de los hechos, una ligera afectación de sus facultades volitivas e intelectivas».
"muy arrepentida"
La acusada, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha reconocido voluntariamente los hechos y ha dicho que estaba «muy arrepentida». «Lo siento mucho y estoy muy arrepentida», ha manifestado.
Por su parte, la expareja de la acusada y padre de los menores, que ha declarado que tenía contacto «de vez en cuando» con los niños, a los que había reconocido legalmente «un mes antes» de ocurrir los hechos, ha explicado que la mujer le llamó el 1 de enero de 2023 por teléfono «muy nerviosa» y le dijo que «había hecho algo a los niños», pero no le contó qué, por lo que fue al domicilio acompañado de un familiar.
En la vivienda se encontró a su exmujer «alterada, nerviosa y llorando», sin mostrar «ninguna herida», y a los dos menores en la cama «conscientes» pero «balbuceando, medio idos y con un corte en el cuello, aunque no sangraban».
Según ha relatado, cogieron a los niños y se los llevaron en coche al hospital, dejando en la casa a la madre que «no podía pronunciar palabra de lo nerviosa que estaba», por lo que no le dijo lo que había hecho.
Ya en el hospital, la pediatra de urgencias les preguntó qué medicamentos habían ingerido los niños, por lo que llamaron por teléfono a la madre que les dijo «algunos, pero de otros no se acordaba», ha explicado.
También ha declarado uno de los policías locales que acudió al hospital tras recibir la llamada alertando de lo ocurrido desde el centro sanitario. Tras conocer la «gravedad» de los hechos y recibir las explicaciones del padre de los menores, el agente ha indicado que el progenitor llamó a la madre para preguntarle qué medicamentos les había dado y puso el altavoz del móvil, por lo que pudieron escuchar a la acusada decir que «necesitaba ayuda y que si no iba nadie se iba a suicidar».
Tras ello, ha relatado el agente, junto a su compañero de patrulla se desplazó al domicilio, donde estaba la mujer «sentada en el sofá» y había encima de una mesa «un cuchillo de cocina grande con sangre».
La acusada, que estaba «como ida», les contó que «había dado ciento y pico pastillas a los niños» y luego «les había cortado el cuello» porque «le iban a quitar la custodia y se quería morir». Los agentes, según ha contado el policía, vieron blister tirados en la basura y sangre en el sofá.
A sus preguntas, la mujer les contó que había empezado a darles las pastillas la noche anterior y les había acuchillado por la mañana, a uno de los niños en la sala y a otro en el dormitorio, que los agentes cerraron para preservar las pruebas hasta la llegada de la Ertzaintza.
La mujer tenía, según este agente, cortes en las muñecas, «aunque no profundos», por lo que solicitaron una ambulancia para su traslado al hospital. La acusada fue detenida por la Ertzaintza y al día siguiente, tras ser dada de alta del hospital, pasó a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.
Penas
Tras renunciar las partes a escuchar el testimonio grabado de los menores, lo que se conoce como «testimonio preconstituido», el de los agentes de la Ertzaintza que intervinieron y a los testimonios e informes forenses y de los integrantes de la Unidad de Valoración Integral, fiscalía, acusación particular y defensa han elevado sus conclusiones provisionales a definitivas.
Fiscalía, que inicialmente solicitaba 36 años de prisión (18 por cada niño) por sendos delitos de asesinato en grado de tentativa, con la agravante de alevosía y parentesco, ha rebajado la pena a 16 años y 6 meses (8 años y tres meses por cada menor), con privación de la patria potestad y la prohibición de aproximación durante 9 años y 3 meses a una distancia inferior a 500 metros en cualquier lugar donde se encuentren los menores, al considerar la atenuante analógica «muy cualificada» de alteración psíquica y la de confesión.
Además, el Ministerio Fiscal solicita imponer a la procesada la medida no privativa de libertad de vigilada consistente en la obligación de seguir tratamiento médico, que ya ha iniciado en la cárcel.
Asimismo, la Fiscalía solicita una indemnización a los legales representantes de los menores en la cantidad de 82.300 euros (41.150 euros por cada menor) por las lesiones, secuelas y daños morales causados y pide que se mantenga a la acusada en prisión provisional por «riesgo de fuga» debido a la entidad de las pena y para evitar que la acusada pueda intentar volver a atentar contra sus hijos, ya que persiste la situación de pérdida de custodia.
Tanto la acusación particular como la defensa se han adherido a las peticiones de la Fiscalía, aunque el abogado de la acusada ha pedido su puesta en libertad. El juicio ha quedado este martes visto para sentencia.
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