El lehendakari, Imanol Pradales, ha presidido este miércoles la reunión del Pacto Social por la Vivienda 2022-2026 donde se ha anunciado la creación de un Foro Social, de carácter permanente, para impulsar nuevas políticas de vivienda, y ha anunciado la adopción de diferentes medidas como la construcción de 7.000 viviendas en régimen de alquiler social durante esta legislatura, así como la ampliación del parque público de vivienda reservando un 50% a menores de 36 años.
Pradales ha participado junto al consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en la reunión celebrada en Lehendakaritza.
En su intervención, el lehendakari ha reconocido que Euskadi tiene un problema con la vivienda, «que afecta a muchas y muchos vascos, un problema complicado al que no se puede hacer frente con soluciones sencillas».
«Como Gobierno Vasco tenemos la hoja de ruta marcada. La hemos definido en un Programa de Gobierno compartido y además con un foco específico con la creación del Departamento de Vivienda de manera específica, y creo que eso es relevante», ha destacado.
Imanol Pradales ha afirmado que «la misión principal de la política pública de vivienda debe ser facilitar el acceso a una buena y accesible vivienda, a una vivienda digna a aquellas personas que no pueden disponer de ella en el mercado libre, en especial a aquellas personas en situación de necesidad, y por supuesto, también a los jóvenes porque nadie puede avanzar en su proyecto de vida sin un hogar en el que vivir». «Se trata de progresar en el derecho subjetivo a la vivienda y convertirlo en un hecho efectivo», ha resumido.
Para ello, ha explicado que el Programa de Gobierno contempla, entre otras medidas, impulsar una línea de avales dirigida a las personas jóvenes para que puedan completar la financiación del préstamo solicitado en el caso de adquisición de una vivienda o la fianza en el caso de alquiler de una vivienda.
También incrementar el límite del importe de los ingresos anuales hasta los 30.000 euros dentro de los programas de ayudas Emantzipa y Gaztelagun, promover la construcción de 7.000 viviendas en régimen de alquiler social, ampliar el parque público de vivienda reservando un 50% a menores de 36 años, y poner en marcha nuevas medidas dirigidas a las personas jóvenes trabajadoras que «quedan por encima del umbral del derecho subjetivo pero que, al mismo tiempo, tienen grandes dificultades de acceso al mercado libre».
«Además, en colaboración con las Diputaciones Forales y a través de programas de subvenciones como de incentivos fiscales, apostamos por intensificar las ayudas para que las personas jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler a un precio asequible», ha añadido.
Papel de los ayuntamientos
El lehendakari también ha destacado el «papel fundamental de los Ayuntamientos» y ha señalado que en la reunión con Eudel compartió con la asociación que «una parte importante de la solución debe llegar desde las administraciones locales».
En este sentido, ha explicado que, entre otras medidas, han identificado la necesidad de fomentar convenios de colaboración con los Ayuntamientos para impulsar planes municipales de vivienda y para poder habilitar pisos de alquiler para jóvenes, generando 3.000 nuevas viviendas de carácter rotatorio.
También se propone dotar de seguridad jurídica a las limitaciones de las viviendas turísticas en determinados municipios, fomentar en colaboración con los Ayuntamientos, la construcción de alojamientos dotacionales destinados preferentemente a la juventud, promover la calificación de zonas tensionadas, impulsar los cambios de uso de bajos y lonjas en desuso en zonas urbanas para reconvertirlos en vivienda,
Asimismo, se apuesta por promover las segregaciones de pisos antiguos con mucha superficie, ayudar a aflorar las casas, los «pisos dormidos» o impulsar la construcción de promociones de viviendas cooperativistas en régimen de cesión de uso.
«El problema de la vivienda lo debemos enmarcar dentro de la solidaridad intergeneracional. Es nuestro deber. Nuestro objetivo ha de ser lograr una sociedad más justa. Una Euskadi de futuro en la que las y los que vendrán tengan oportunidades en las que comenzar un proyecto de vida ilusionante», ha defendido.
Foro social de vivienda
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, por su parte, ha apostado por fortalecer la cooperación tanto en su vertiente interinstitucional como en lo referente a la cooperación público-privada, reforzando «el compromiso del nuevo Gobierno con el derecho a la vivienda», y ha avanzado que el pacto social de vivienda impulsará la constitución del Foro Social de Vivienda como «parte esencial de su estrategia».
Según ha indicado, será una «entidad de carácter permanente llamada a reunir en su seno a todos los agentes implicados: tanto a la sociedad más vulnerable, especialmente a la juventud, organizaciones sociales y del tercer sector, instituciones, Universidad, la iniciativa privada del mundo de la promoción y de la construcción; también al mundo financiero».
«No se trata tanto de abundar en literatura técnica, de la que andamos ciertamente sobrados, como de habilitar un arsenal de medidas dirigidas a dar respuesta a esta necesidad social de primer orden, cual es remover los obstáculos para hacer efectivo el derecho subjetivo a la vivienda consagrado ya en nuestro ordenamiento jurídico», ha defendido.
Itxaso ha subrayado que «se trata de movilizar recursos, poniendo en marcha iniciativas que aúnen equilibrio y ciertas dosis de audacia para afrontar los retos con la mayor carga de legitimidad social».
«Medidas complementarias, consistentes, sostenidas en el tiempo y coherentes, sin perder de vista que en la actualidad el impacto en las arcas públicas de las diferentes políticas de vivienda en Euskadi se aproximan a los 900 millones de euros anuales, el 1 % del PIB del País Vasco (considerando las inversiones del Departamento y los ayuntamientos, así como el gasto fiscal en que incurren las haciendas vascas), políticas fiscales que deben tener continuidad en las reformas fiscales que encaran las Diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa», ha defendido.
Entre las medidas que contempla el pacto de gobierno de coalición ha destacado la incorporación de 7.000 nuevas viviendas protegidas durante esta legislatura; la intervención en el mercado para la compra pública de vivienda y su incorporación al parque de vivienda protegida; la declaración de zonas tensionadas para poder poner coto al incremento desmesurado de los precios del alquiler, «medidas que podrían llegar a beneficiar hasta el 68% de la población residente en los 43 municipios que pueden buscar el amparo de esta figura (1,5 millones de personas)».
El consejero ha defendido que «los responsables institucionales tienen la obligación de decir con claridad y con firmeza que no hay recetas milagrosas ni bálsamo de fierabrás que valga para la resolución del problema de la vivienda y para la disposición de un parque de vivienda más adecuado a las necesidades actuales, a precios asequibles».
«El fenómeno es multifactorial, y requiere un abordaje poliédrico, riguroso y metódico, lejos del ruido y la confusión en la que involuntariamente nos vemos a veces sumergidos, y que puede conducir a una ansiedad paralizante», ha advertido.
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