El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que con la presentación del anteproyecto comenzará un proceso participativo y de transparencia en que concluirá con la presentación del proyecto de ley en el Parlamento en el mes de diciembre.
Ha explicado que el anteproyecto cuenta con un capítulo preliminar y 15 títulos que regulan aspectos como los derechos y deberes de los titulares de vivienda, los agentes intervinientes en el mercado y la protección de la legalidad. En su elaboración han colaborado el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, la Secretaría General Técnica del Departamento, las Direcciones Generales de Urbanismo y Vivienda, y la Gerencia de la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón.
«Hemos visto algunas realidades: Que no hay vivienda pública, que el ritmo de la vivienda protegida es bajo, los problemas en los municipios turísticos», ha expuesto López, recordando que el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, presentó el 12 de marzo el Plan Más Vivienda Aragón, dotado con 400 millones de euros a seis años y que incluía la aprobación de una Directriz Especial para poder destinar a uso residencial suelos dotacionales y la aprobación de la Ley de Vivienda.
El anteproyecto, ha continuado el consejero, aporta «soluciones concretas» a cada uno de los problemas que se plantean en la Comunidad Autónoma, cuenta con la colaboración público-privada e intenta dar solución a los jóvenes sin vivienda propia.
El objetivo es «revertir la pensa situación de la vivienda pública», ha indicado López, quien ha celebrado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, haya anunciado que la Conferencia de Presidentes incluirá un debate sobre la vivienda. «Llevamos unos años de retraso ?en el ámbito nacional--, también el anterior Gobierno de la Comunidad Autónoma», ha lamentado.
El consejero ha puesto de relieve que el Gobierno regional ha utilizado el artículo 15 de la ley nacional de vivienda, que permite que los suelos destinados a equipamiento se utilicen para la construcción de vivienda, puntualizando que esta ley nacional «es genérica y fiscaliza, coarta y tensiona» este ámbito, de manera que «no nos sirve» y solo se ha utilizado un artículo.
El anteproyecto es un texto de 24.000 palabras con una exposición de motivos que justifica la futura norma en aspectos como el incremento del precio de la vivienda --un 7,5% entre julio de 2023 y junio de 2024--, la falta de oferta y la escasa promoción de viviendas, la inadecuada legislación que vierte la responsabilidad de la solución en los tenedores privados, la excesiva orientación a la compra por parte de las políticas que ha derivado en una reducida tenencia de viviendas públicas con las que poder ayudar a los 47.000 jóvenes aragoneses que se topan con problemas de emancipación.
Actuaciones
En base a lo anterior, el anteproyecto de Ley de Vivienda establece un decálogo de actuaciones para revertir la situación en la Comunidad Autónoma: Poner gratuitamente a disposición de la promoción de viviendas los suelos de titularidad pública que no vayan a destinarse a equipamientos públicos; garantizar la disponibilidad de recursos presupuestarios para contribuir a la promoción de nuevas viviendas, mediante iniciativa pública directa o en régimen de colaboración con la iniciativa privada; asegurar los recursos presupuestarios para ayudar a los demandantes de vivienda, a fin de que no deban destinar a la satisfacción de esta necesidad más allá del 30% de sus ingresos.
También, ofrecer soluciones diferenciadas atendiendo a las características y necesidades de cada municipio, ya sean estos capitales de provincia, poblaciones de más de 3.000 habitantes o núcleos más reducidos, así como regular con criterios adaptados a las circunstancias sociales actuales las viviendas protegidas, impulsando ayudas directas a los promotores para que la vivienda protegida vuelva a ser una figura que contribuya a la solución del problema de la vivienda sin que su apuesta por ella genere quebrantos en la cuenta de resultados de las empresas promotoras.
Igualmente, utilizar cuantos instrumentos y programas estén a disposición para la adquisición de viviendas ya construidas a efectos de incorporarlas al parque de vivienda pública de Aragón; contemplar modos habitacionales complementarios o alternativos, públicos o privados, adaptados a las actuales demandas sociales, tales como alojamientos para trabajadores del sector productivo -turístico u otros-- o modos de vivienda en las que no solo se comparte el espacio físico sino, también, aficiones, actividades sociales y estilos de vida, los comúnmente conocidos como cohousing o coliving.
Por último, regular la condición y régimen de uso de las viviendas sociales para destinarlas a la asistencia a sectores de la población extremadamente vulnerables; colaborar con el resto de administraciones públicas mediante programas y acuerdos que permitan incrementar el número de viviendas como mejor manera de intervenir desde la iniciativa pública en un mercado inmobiliario hoy constreñido por la escasez de oferta, los altos precios del alquiler y la dificultad de acceso a los créditos hipotecarios; y posibilitar temporalmente en suelos definidos para uso terciario la construcción de vivienda protegida.
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