La Mesa del Parlamento de Andalucía acordó el 24 de julio ese incremento de hasta un 2,5% del sueldo con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año, según el acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA).
Ese incremento salarial se hace extensivo para dos organismos de extracción parlamentaria: la Oficina del Defensor del Pueblo y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. En este último caso se prevé también una subida «en los mismos porcentajes del crédito disponible para productividad del personal al servicio de la Oficina Andaluza Contra el Fraude y la Corrupción».
«Se considera necesario aplicar a los diputados y diputadas el mismo incremento retributivo previsto en el Real Decreto Ley 4/2024 a fin de evitar la pérdida de poder adquisitivo de las retribuciones que perciben», dice la iniciativa de la Cámara.
Invoca para esa medida una previsión de una norma estatal, el Real Decreto Ley 4/2024, de prórroga de medidas ante las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y de medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.
Explica la Cámara autonómica sobre ese Real Decreto Ley que la norma estatal es «necesaria para dar cumplimiento al Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022», documento donde se estableció «un marco plurianual de incremento retributivo» para los empleados públicos que se extiende entre 2022 y 2024.
Ahí se estableció un incremento salarial fijo para esos años más un porcentaje adicional de incremento ligado a la evolución del IPCA (Índice de Precios de Consumo Armonizado) y del PIB.
El Real Decreto Ley 4/2024 dispone que este año «la retribución del personal público podrá experimentar un incremento global máximo del 2% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023» con efectos económicos desde el 1 de enero de 2024.
Prevé asimismo «un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%», sobre la retribución vigente a 31 de diciembre de 2023, «si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024».
De ese pacto se desmarcó el Grupo Vox en Andalucía, que aseguró en un comunicado que la medida contaba tanto con el apoyo de PP y PSOE. Su representante en el órgano de gobierno de la Cámara, la vicepresidenta tercera, Mercedes Rodríguez Tamayo, dijo haber reclamado una votación separada para diferenciar así la subida salarial a los funcionarios de la de los políticos por cuanto «es como intentar mezclar agua y aceite».
El Presupuesto del Parlamento prevé en este 2024 un gasto de personal de 23,27 millones de euros, mientras que la partida de altos cargos, la relativa a las nóminas de los diputados, es de 5,98 millones.
Aguirre y la revisión de las dietas
Este acuerdo de la Mesa del Parlamento se enmarca en la polémica suscitada por el mensaje que trasladó a final de julio el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, cuando en rueda de prensa expresó su deseo de que hubiera entendimiento entre los grupos parlamentarios para propiciar la revisión de sus dietas e indemnizaciones tras advertir de que están «congeladas» desde año 2017, y por ello hay diputados a quienes «les cuesta llegar a fin de mes» por el hecho de que el precio de «los hoteles, la manutención, ha subido mucho» en este tiempo.
Aguirre expresó su propósito de incluir ese aumento de las dietas en el Presupuesto de 2025 convencido de la necesidad de impulsar ese incremento por cuanto las dietas «están por debajo de lo que se paga a nivel del Gobierno central».
Aclaró entonces que el sueldo de los diputados «sube igual que el de los funcionarios a nivel de toda España, un 2%».
Esas palabras de Aguirre recibieron el rechazo de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía. La socialista Ángeles Férriz argumentó que el PSOE «no va a apoyar» esa propuesta, esgrimió el interés del PP en hacerlo, para precisar que «ahora parece que les ha entrado miedo a las reacciones que esa decisión pudiera ocasionar».
La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, argumentó en su rechazo que «decir que a los diputados nos cuesta llegar a fin de mes es un insulto para la mayoría social de nuestra tierra», mientras que su homólogo del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, apeló al «nivel de desconexión de la realidad» que, en su opinión, «hay que tener» para decir la «barbaridad» que, a su juicio, plantea Aguirre.
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