La Policía Nacional de Alicante desmantela un piso en el centro de la ciudad donde se explotaba sexualmente a mujeres extranjeras. | Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

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La Policía Nacional ha desmantelado un piso en la zona centro de Alicante donde supuestamente un grupo de cinco personas prostituía a mujeres extranjeras bajo unas «lamentables condiciones de insalubridad», en una operación en la que, además de las detenciones de las presuntas proxenetas, de entre 27 y 51 años, ha logrado la liberación de 13 víctimas.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los agentes habían observado un traslado de la prostitución ejercida en los tradicionales clubes de alterne hacia domicilios particulares o casas de citas y, tras tener conocimiento de que en un piso céntrico de la ciudad había mujeres extranjeras presuntamente obligadas a ejercer la prostitución, establecieron un dispositivo especial que terminó por confirmar las sospechas.

Por una parte, se detectó que sobre el edificio donde se encontraba la vivienda investigada había un trasiego «inusual» de varones. Además, el piso en cuestión estaba registrado como domicilio social de una empresa de masajes. Por otra, se hallaron en páginas web y redes sociales anuncios vinculados a la prestación de servicios sexuales que terminaban por conducir hacia ese lugar a los clientes.

Una vez cerciorados los investigadores de que la información que manejaban era «completamente fidedigna» y, tras identificar «plenamente» a las presuntas responsables del grupo, se llevó a cabo la explotación de la operación, que se completó en dos fases.

En una primera fase los agentes llevaron a cabo la entrada y registro en el domicilio, en cuyo interior localizaron a tres de las personas investigadas que resultaron detenidas y a las mujeres víctimas del delito, mientras que una cuarta investigada fue hallada en otra vivienda de la ciudad.

24/7 y obligadas a consumir droga

Las víctimas no solo eran obligadas a ejercer la prostitución las 24 horas del día, durante los siete días de la semana, con solo dos horas diarias para el descanso condicionadas a que no tuvieran que atender a ningún cliente, sino que también presuntamente eran «conminadas» a vender droga a los usuarios e igualmente a consumirla para aguantar las extensas jornadas e insalubres condiciones de trabajo impuestas por sus proxenetas.

Asimismo, a pesar de vivir en el domicilio, las víctimas no tenían habitación asignada, por lo que a veces tenían que dormir hacinadas en la mesa de la cocina, dado que la «alta demanda» de los servicios sexuales imposibilitaba que pudieran pernoctar en las habitaciones. Las supuestas proxenetas proporcionaban una sábana a cada una, que debían utilizar tanto para dormir como para la práctica de los servicios que realizasen.

En el registro se intervinieron 18 envoltorios de cocaína de medio gramo cada uno, preparados para su venta, y una bolsa con otros 40 gramos de esta sustancia, además de 2.000 euros en efectivo y diversa documentación que probaba la explotación sexual de las víctimas.

Tras la liberación de las víctimas y los nuevos indicios hallados en la vivienda, se obtuvieron «contundentes» pruebas sobre la identidad de quien presuntamente ejercía de cabecilla del grupo criminal, a su vez dueña del piso, por lo que en una segunda fase fue localizada y detenida en su propio domicilio.

Libretas de contabilidad

En el domicilio de esta última detenida, los agentes intervinieron alrededor de 50.000 euros y diversa documentación relativa a la explotación sexual de las víctimas. Además, se incluían libretas de contabilidad de las que se pudo inducir que la arrestada llevaría desarrollando esta actividad alrededor de 20 años, durante los cuales habría ganado a costa de sus víctimas unos 500.000 euros al año.

Las cinco arrestadas por delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, son de nacionalidades española, colombiana y rumana, de entre 27 y 51 años. En cuanto a la supuesta líder del grupo criminal, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, el Juzgado de Instrucción decretó su ingreso en prisión, así como la clausura definitiva del establecimiento.