El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha cifrado en más de 230 millones anuales la pérdida que sufriría Aragón en ingresos del Estado por la financiación singular para Cataluña y ha llamado a la «unidad de acción» para lograr «algo justo» ante el posible nuevo escenario.
Así lo ha indicado este martes en la Comisión Especial de Estudio sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, donde ha comentado la cifra obtenida según cálculos realizados partiendo de la liquidación correspondiente al año 2020.
Roberto Bermúdez de Castro ha lamentado que el reconocimiento de una financiación singular para Cataluña abre «un nuevo marco de relaciones e implicaciones» que afecta a todas las comunidades del régimen común.
Ha defendido un «pacto entre todos» para conseguir «algo justo», apelando a la «unidad de acción» para que Aragón logre una buena financiación en un nuevo escenario en el que el debate sobre financiación está marcado, a su juicio, por dos elementos: «Bilateralidad entre Cataluña y el Estado e insolidaridad». A ellos ha añadido «la improvisación, la nula transparencia y el engaño».
También ha asegurado que el Gobierno de Aragón mantiene «una posición clara y conocida» que no difiere de la que tenía el Gobierno anterior --liderado por el socialista Javier Lambán--, ha recordado, para añadir que rechaza «frontalmente cualquier acuerdo o acción que discrimine o perjudique a los aragoneses y suponga una quiebra de los principios estatutarios y constitucionales».
«Esta posición la vamos a luchar en todos los foros, cuando se apruebe, incluido en los tribunales», ha adelantado Bermúdez de Castro, argumentando que el acuerdo sostiene literalmente: «No se trata de reformar el modelo de financiación común, sino de cambiarlo por un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad».
Así, el consejero ha alertado que el nuevo paradigma va a poner en peligro, en buena parte del territorio nacional «la sostenibilidad de los servicios básicos que prestamos las comunidades autónomas a los ciudadanos». Ha recalcado que el cambio en el modelo de financiación se está fraguando entre dos fuerzas políticas, una de las cuales «quiere romper el Estado».
En este sentido, Bermúdez de Castro ha apostado por convocar de nuevo a todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para alcanzar un acuerdo común sobre financiación autonómica que garantice unos servicios básicos de calidad en el que primen los principios solidaridad e igualdad.
Consecuencias a largo plazo
Asimismo, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública ha reconocido que las perspectivas a largo plazo son «aún más negativas por la consolidación de la posición de fuerza que tendrá Cataluña sobre el Estado, sobre la negociación del cupo y la cuota de solidaridad».
Ha manifestado que Cataluña ha comunicado que aportará el coste de los servicios así como una parte de cuota de solidaridad, bajo el principio de ordinalidad, para que ninguna comunidad autónoma tenga menos impuestos de Cataluña. Sin embargo, ha puesto el foco sobre la bilateralidad en la que camina la hoja de ruta del acuerdo entre Cataluña y el resto del Estado, cuando en todo el sistema de reforma hay que buscar la multilateralidad.
En el caso concreto de Aragón, Bermúdez de Castro ha señalado que es el territorio más perjudicado con el paso de los años del sistema de financiación. «Especialmente, desde 2018 se observa una tendencia preocupante, ya que el porcentaje de recursos recibidos con criterio de caja desciende de manera sostenida desde el año 2009».
Ha explicado que el 75 por ciento de la financiación autonómica se reparte según el criterio de población ajustada, lo que condiciona «significativa y negativamente» la llegada de recursos a Aragón.
Del mismo modo, en el sistema actual «la superficie y la dispersión prácticamente no computan», lo que lleva a una tendencia clara de pérdida de financiación para una comunidad autónoma como la aragonesa en la que una de las singularidades es la dispersión de la población.
Psoe, pp y vox
Por parte del PP, Elena Allué, ha aplaudido que el consejero del ramo denomine «cupo catalán» a lo que otros se refieren con «eufemismos como financiación singular» que supone privilegiar a los catalanes por encima del resto de españoles, lo que también vulnera el artículo 139 de la Constitución.
Ha emplazado a los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón a emitir «un dictamen lo más unánime posible, con el mayor consenso posible, para que el Gobierno de Aragón sea una sola voz en el Consejo de Política Fiscal y Financiera».
Allué ha considerado una «absoluta barbaridad» la estimación de la pérdida de 233 millones de euros anuales y ha apostado por «aparcar las diferencias, centrarnos en aquello que nos une y llegar a acuerdos que beneficien a los aragoneses y al resto de españoles».
El diputado del PSOE, Óscar Galeano, ha destacado que la posición de los socialistas apela al «consenso» y la «unidad», aunque ha hecho notar que determinados conceptos como la bilateralidad «pueden llevar a efectos boomerang indeseables», puesto que tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Cataluña presenta similitudes con lo expuesto en el de Aragón, por lo que ha pedido «prudencia».
«Comparto la visión de que el independentismo es voraz, ansioso en sus deseos, interminable en sus peticiones, desde luego, pero la bilateralidad existe en varios estatutos», ha respondido el diputado socialista a Bermúdez de Castro.
Desde VOX, Fermín Cíviac, ha mostrado «todo el apoyo» de su grupo para llevar a cabo «todas las acciones necesarias para que el Gobierno de Aragón se oponga a esta gran injusticia» de la financiación singular de Cataluña.
Cíviac ha distinguido entre «Gobierno y Estado» para aclarar que lo que está ocurriendo no proviene del Estado, sino del Gobierno, «es decir, de Pedro Sánchez y nadie le ha nombrado, pero sería ignorar el elefante en la habitación» asegurar su continuidad al frente del Ejecutivo central.
Cha, te, iu y par
Por otro lado, el portavoz de CHA, José Luis Soro, ha criticado el pacto entre «dos partidos o entre un partido y una parte de otro --ERC y PSOE-- solo para favorecer una investidura, únicamente por motivos políticos y esto es sencillamente impresentable». Ha lamentado el «desprecio total y absoluto» al Estado de las autonomías.
«Desde Chunta Aragonesista rechazamos frontalmente, radicalmente, tajantemente el cupo catalán. No se puede tolerar», ha expresado, para después agregar que sería «impresentable que esta reforma »vaya directamente como ley al Congreso«, confiando en que no haya una mayoría parlamentaria en la Cámara Baja »para perpetrar esta barbaridad".
El parlamentario de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha precisado: «Tenemos que ser capaces de abrir un debate general donde realmente, si somos un país, seamos un país y donde el principio de solidaridad sea un principio efectivo, y no debemos consentir que este tipo de políticas estén cambiando de manera forzada el modelo de comunidad autónoma que tenemos en Aragón».
Desde IU, Álvaro Sanz ha expuesto que hablar de financiación «no solo es reparto, sino también cantidad, suficiencia financiera y sobre todo igualdad en términos objetivos», apostillando que la igualdad de los españoles para garantizar que con equidad el sistema es suficiente. «Desde IU queremos poner en el centro los derechos de las personas como punto de partida a la hora de determinar el cómo y el qué».
El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha reivindicado «valentía» y diálogo con el Estado para trasladar la realidad de Aragón. Ha enfatizado en que si la financiación tiene en cuenta el coste de servicios por habitante, la comunidad autónoma «siempre saldrá perdiendo».
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