El Ejecutivo vasco y Eudel han analizado fórmulas para combatir el problema de acceso a la vivienda | E.MORENO ESQUIBEL-GV

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El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel han reafirmado su compromiso para «trabajar estrechamente» en la búsqueda de soluciones al problema de acceso a la vivienda, entre las que podrían incluirse cambios normativos en materia de suelo y urbanismo.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha defendido la implementación de políticas «que permitan mejorar el acceso a la vivienda, especialmente en las zonas más tensionadas del mercado residencial», ya que estos municipios «han experimentado un rápido incremento en el precio de la vivienda, lo que ha limitado las oportunidades para la emancipación de los jóvenes y aumentado el riesgo de exclusión social».

Por ese motivo, considera «crucial» fortalecer la colaboración interinstitucional entre el Gobierno Vasco y los ayuntamientos. Partiendo del reconocimiento a la trayectoria de los ayuntamientos vascos y su contribución al desarrollo de las políticas de vivienda en Euskadi, la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, que este miércoles se ha reunido con Itxaso, ha señalado que este es «un gran reto de país que debe ser compartido a través de la suma de esfuerzos y recursos».

Criterios compartidos

Itxaso ha expuesto su intención de trabajar junto a Eudel en la identificación de criterios compartidos y estandarizados sobre el mejor modo de abordar entre aquellos municipios que se quieran acoger voluntariamente a la figura de la 'zona tensionada', una base mínima compartida sobre la que articular los planes trianuales de acción.

Actualmente, 43 municipios vascos, que concentran el 68% de la población, cumplen con las condiciones para ser declarados como 'zonas tensionadas', conforme a la ley estatal por el derecho a la vivienda del estado, según ha recordado el Departamento de Vivienda en un comunicado.

En su primer encuentro, celebrado en Vitoria-Gasteiz, los equipos del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana y de Eudel han coincidido en la necesidad de colaborar y estudiar iniciativas que permitan una planificación más eficaz en la construcción de viviendas protegidas, así como en la mejora de la disponibilidad de suelo urbano.

Ambas instituciones han manifestado su intención de avanzar en la colaboración, desde el respeto a la autonomía municipal. Eudel analizará las medidas que se propongan en este ámbito «contando con la opinión de los ayuntamientos».

Todo ello, «con el fin de lograr respuestas efectivas y coordinadas para el conjunto de Euskadi, con especial atención a la juventud y a las personas con mayores dificultades de acceso a la vivienda».

Cambios normativos

Entre las posibles medidas a estudiar, se contempla la realización de un análisis detallado de los terrenos ya calificados para vivienda protegida que aún no han sido movilizados, y la consideración de posibles cambios normativos en materia de suelo y urbanismo.

Asimismo, durante la reunión, el consejero ha expresado su intención de «trabajar» en la política de cesión de suelos por parte de los ayuntamientos; en el tratamiento que estas construcciones tengan en el impuesto de construcciones y obras (ICIO); en la identificación de viviendas deshabitadas en zonas de alta demanda; y en la promoción de nuevas viviendas sobre la ciudad construida.

En este último punto --ha explicado el departamento-- «cobrarían especial importancia» aquellas medidas relativas a las segregaciones de viviendas de gran superficie, a la conversión de lonjas comerciales en viviendas, o al paulatino traslado de actividades profesionales en viviendas a planta de calle.

Itxaso también ha destacado «complementariedad» de las iniciativas expuestas, y ha puesto en valor la próxima articulación del 'Foro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi', creado en el marco del 'Pacto Social por la Vivienda'. El consejero aspira a que este foro se convierta «en un espacio clave para promover el diálogo y la cooperación entre los sectores público, privado y social del país».