El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha condenado tras un acuerdo a un vecino de la localidad cordobesa de Baena como presunto autor de un delito de atentado y tres delitos leves de lesiones, imponiéndole la pena seis meses de prisión, así como a indemnizar a dos agentes de la Guardia Civil y uno de la Policía Local por lesiones causadas.
Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han asesorado y representado a uno de los agentes de la Benemérita, que en el momento de los hechos realizaba sus prácticas en el Puesto Principal de Baena, según ha detallado la asociación en una nota.
Según se relata en la sentencia, los hechos tuvieron lugar en julio de 2022, cuando el acusado se encontraba detenido en la sede judicial de Baena y, mientras era conducido por el interior de dichas dependencias, «arremetió contra los dos guardias civiles que le custodiaban, lanzándoles patadas, cabezazos y codazos, insultándoles y amenazándoles» con distintas expresiones.
Y después, cuando iban a trasladarle a dependencias de la Policía Local, «lanzó una patada y escupió a un policía local, al cual también amenazó», a lo que se añade que «durante el traslado en el vehículo policial no dejó de lanzar patadas y cabezazos a los agentes».
El abogado Álvaro Moreno, quien ha asistido al agente agredido perteneciente a AUGC, ha declarado que «en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, se ha aplicado la agravante de reincidencia al haber sido condenado el acusado anteriormente en 2022 por otro delito de atentado, se ha tenido en cuenta como atenuante su adicción a sustancias tóxicas, y deberá indemnizar a los agentes por las lesiones causadas con cuantías que suman más de mil euros», la mitad de los cuales corresponden al representado de AUGC.
Desde el bufete de la asociación llevan «años defendiendo los intereses de los guardias civiles en situaciones como esta, y se ha podido comprobar que este tipo de agresiones son demasiado frecuentes en la provincia, siendo Baena una de las localidades en las que más casos se producen», ha advertido.
Por su parte, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, ha afirmado que, «según las estadísticas oficiales, las agresiones físicas sin armas a los guardias civiles siguen aumentando progresivamente, y para desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles, no sólo son necesarias unas penas más graves y una mayor protección jurídica, sino que además debe reconocerse como profesión de riesgo a los guardias civiles y policías nacionales, así como dotarles del suficiente material de defensa y protección, como son por ejemplo las pistolas táser».
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