La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. | Jesús Hellín - Europa Press

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Más Madrid ha llevado esta mañana a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid un total de 342 contratos por valor de 6 millones de euros que fueron «troceados» para adjudicarse «a dedo» para las obras de varios centros de Formación Profesional (FP).

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, explican que a través del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid han identificado «numerosos casos cometidos con posible fraude en las contrataciones» en lo que sostienen que es un «claro empleo abusivo de la figura del contrato menor que podría ser fraudulenta».

La portavoz del partido, Manuela Bergerot, ha asegurado que estos hechos supondrían que bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la Consejería de Educación funcionó como «durante Esperanza Aguirre fueron otras consejerías» con el fin de «llevarse el dinero público» a través de un «modus operandi».

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades remitía a Fiscalía las posibles irregulares en la reforma del centro Ciudad Escolar en la capital y anunciaba en julio que abría auditorías para conocer lo sucedido. El consejero del ramo, Emilio Viciana, defendía en el último Pleno de la Asamblea que no hay «falta de transparencia» y afirmaba que si se conoce esta situación es porque el Gobierno autonómico ha «cumplido con el deber». «Y si es necesario lo volveremos a hacer, porque nosotros respetamos la ley y cumplimos con nuestro deber», remataba.

Bergerot sostiene que «no son casos aislados» y ha apuntado al actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, que ostentaban puestos de responsabilidad en Educación la pasada legislatura.

«Esperemos que den todas las facilidades y toda la información necesaria para esclarecer y que se haga justicia en la Comunidad de Madrid respecto a los derechos de educación de los jóvenes madrileño», ha añadido.

Por otro lado, el PSOE-M ha recordado que el pasado julio pusieron en conocimiento de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid también contratos presuntamente troceados en varios centros de la región.