«La izquierda dirá que la solución está en la intervención del mercado y que se penalice a las comunidades autónomas que no se sometan al chantaje de establecer zonas tensionadas para acceder a fondos públicos. Estamos hartos de ver experiencias que llevan al incremento de precios y a la reducción de la oferta», ha defendido el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, en la comisión de su ramo que se ha celebrado esta semana en la Asamblea de Madrid.
El viceconsejero ha subrayado que la vivienda es «una prioridad de la legislatura, como ha señalado la presidenta y ha insistido en que »este reto" no pasa por limitar el precio del alquiler, sino en construir viviendas y generar ofertas.
En concreto, García ha detallado que el Plan Vive ya ha entregado viviendas a 561 familias o que reciben más de 4.000 demandas en las primeras 24 horas a la hora de abrir los procesos de inscripción para solicitar un piso. Asimismo, ha asegurado que este año finalizará la construcción de 4.000 viviendas y al final de la legislatura llegarán a las 8.500. «Es una realidad frente a las cero viviendas que el Gobierno de España ha entregado», ha lanzado.
«Nuestra política de vivienda, es un plan de choque apoyado en la sociedad civil en 22 instituciones que comparten con nosotros la búsqueda de soluciones técnicas para facilitar el acceso a la vivienda: flexibilizando el urbanismo, promocionando suelo, colaboración público-privada y fiscalidad específica en materia de vivienda», ha detallado.
Por otro lado, el viceconsejero ha desgranado que el programa Mi Primera Vivienda ha concedido casi 1.800 créditos y que más de 2.400 jóvenes se han beneficiado. Además, ha recordado que la Agencia de Vivienda Social cuenta con 50.000 inmuebles y que están adquiriendo viviendas en el mercado de segunda mano para desarrollar planes de integración social y planes de realojo.
Psoe y más madrid: "hay una emergencia habitacional"
Sin embargo, la diputada socialista Cristina González ha criticado que el Ejecutivo regional afirme que sea «la legislatura de la vivienda, cuando parece que es la de los planes». «Tienen un presupuesto bastante escaso en sus propuestas y en algunos casos ni lo hay. Esperamos que en las próximas cuentas haya un incremento considerable en materia de vivienda», ha exigido.
González ha lamentado que las viviendas del Plan Vive no hayan llegado a las 500 y ha asegurado que «no son viviendas ni asequibles ni están por debajo del 40% de los precios del mercado, con unas condiciones bastante difíciles para poder acceder». Además, ha solicitado más detalles sobre el Plan Joven para conocer «las condiciones y el precio real que ofrecerá esta iniciativa».
Por su parte, el parlamentario de Más Madrid Jorge Moruno ha cargado contra las políticas del Gobierno regional porque «dopan la demanda y suben los precios» y ha lamentado que «a día de hoy, tenemos 602 viviendas públicas más que en el año 2005». «Berlín compró 15.000 en 2021 y París compró 8.000, mientras que aquí se dice que 175», ha criticado.
«La Comunidad de Madrid no está aumentando la oferta de vivienda asequible y no está incrementando la oferta de vivienda pública. Ustedes dicen que es un buen síntoma que haya colas de gente necesitada porque vivimos en una emergencia habitacional en la región. ¿Hay algún indicador positivo desde el año 2019?», ha lanzado Moruno.
Vox pide liberar suelo
Por otro lado, el diputado de Vox Javier Pérez ha recordado al PP que «su partido está gobernando la región» y que «la Comunidad de Madrid debe tener una política de vivienda más allá de los planes que tiene la Consejería».
«Más que emergencia climática, lo que estamos es una emergencia con el tema de la vivienda, sobre todo para los más jóvenes. Si una promoción de 200 viviendas la están solicitando 10 veces más, ustedes están dejando al 90% fuera. Eso significa que tenemos una necesidad real de vivienda», ha alertado.
En esta línea, ha asegurado que «no valen planes que tengan 1.000 viviendas cuando se necesita construir más de 60.000 pisos al año». Por ello, Vox ha exigido liberar suelo y que las Administraciones Públicas «pongan las infraestructuras necesarias y que hagan los desarrollos urbanísticos necesarios».
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