Hernández ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación, en el Parlamento Vasco, para presentar las aportaciones que su grupo planteará esta próximo miércoles en la segunda reunión de la mesa que trabaja en la búsqueda del referido 'pacto por la salud'.
El representante del Grupo Mixto-Sumar ha reprochado al Gobierno que esté utilizando este foro de forma «propagandística», mostrando un «excesivo optimismo» respecto a la posibilidad de cerrar un acuerdo de estas características.
«Todavía no hay bases para ningún pacto de nada», ha advertido Hernández, quien ha reclamado que «nadie utilice» la voluntad de diálogo de su grupo en torno a esta materia «para vender pactos o consensos que todavía no existen y que en nuestra opinión, desde luego, están lejos de existir».
El representante de Sumar ha mostrado el interés de su grupo en que el Gobierno «amplíe» el número de colectivos llamados a participar en esta mesa, incorporando a asociaciones en defensa de la sanidad pública.
Uno o dos puntos más de financiación
A su vez, y entre las propuestas recogidas en el documento que Sumar llevará a la reunión del miércoles, se incluye una demanda para incrementar en «uno o dos» puntos porcentuales la financiación de Osakidetza, dado que esta es «insuficiente».
La coalición soberanista reclama, además, que se mejoren las «inadecuadas» condiciones laborales de la plantilla de Osakidetza, que padece --según ha denunciado-- una tasa de temporalidad «absolutamente inaceptable».
Por otra parte, ha criticado el que el modelo organizativo de Osakidetza, estructurado en Organizaciones Integradas Sanitarias (OSI), resulta «inadecuado, hospitalocentrista y mercantilista».
Sumar plantea, además, la necesidad de acabar con la «falta de transparencia y de democracia en la elección de cargos» en el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Otra de sus demandas apunta al refuerzo de la Atención Primaria, al considerar que se encuentra «infravalorada e infradotada».
La coalición propone revertir las «privatizaciones, externalizaciones e injerencias» del sector privado en la sanidad pública, así como ampliar la cartera de servicios, puesto que la actual es «insuficiente» y «desaprovecha nuestra amplia capacidad competencial».
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