Así lo ha adelantado 'El País' y lo han confirmado fuentes del Gobierno regional a Europa Press, tras la reunión que ha mantenido hoy la presidenta del Ejecutivo autonómico con los rectores de las seis universidades públicas. Según han detallado las mismas fuentes, 20 de los 42 millones se dedicarán a infraestructuras y los otros 22 para nóminas y gastos corrientes.
El Gobierno regional hace caso así a las llamadas de auxilio que se han producido durante los últimos meses por parte de las universidades y se han intensificado durante las últimas semanas, con la carta publicada por los seis rectores en la que avisaban de que la situación era «crítica» y que, «en pocos años, podía llegar a ser catastrófica».
El Gobierno regional ha explicado que, entre las principales medidas, se ha acordado «iniciar los trabajos para desarrollar un modelo de financiación estable de las universidades públicas madrileñas, que vinculará una parte de la financiación a la consecución de determinados objetivos». Esto se reflejará en el proyecto de las cuentas regionales para 2025, que ya se está tramitando en la Asamblea de Madrid para su aprobación antes de que termine el año.
También han detallado que «la Consejería ya está trabajando junto a los responsables universitarios en un plan de infraestructuras para definir el estado y necesidades que presenta cada institución» y que «en la segunda quincena de enero de 2025 continuarán los trabajos sobre el modelo de financiación vinculado a la nueva ley de Universidades».
Programa maría goyri
Minutos antes del encuentro entre ambas partes, fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades han anunciado que están ultimando la firma del convenio del Programa María Goyri, mediante el cual se crearán nuevas plazas de profesores ayudantes de doctor en las universidades públicas madrileñas, aunque han advertido de que lo adaptará a la realidad de sus centros.
El objetivo es rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores de las universidades con la creación de hasta 1.100 nuevas plazas. El 60% de ellas serán sufragadas por el Gobierno central durante los primeros seis años y el 40% restante por la Comunidad de Madrid, que se hará cargo de todas estas contrataciones pasado ese sexenio y que está dispuesta a aportar 17,5 millones anuales para afrontar esta actuación ya desde el año 2025.
Este anuncio llega justo un día después de que el Ministerio de Ciencia y Universidades publicara que todas las comunidades autónomas, excepto Madrid, se habían adherido al programa. La ministra del ramo, Diana Morant, envió este lunes una carta al Gobierno regional pidiendo que rectificara su posición para no perder 169 millones de financiación, ya que este jueves terminaba el plazo para adherirse.
A la urgencia por firmar el convenio del Programa María Goyri se le sumaban las prisas por negociar una financiación distinta antes de que los Presupuestos autonómicos de 2025 se sometan a votación a finales de este mes. Este jueves se debatirán en el Pleno las enmiendas a la totalidad presentadas a las cuentas del próximo año por los tres partidos de la oposición, que previsiblemente no saldrán adelante por la mayoría absoluta de la que goza el PP en la Asamblea.
Carta de los rectores a ayuso
La misiva de la ministra no ha sido la única que le ha llegado al Gobierno central en la última semana. Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas optaron por el mismo sistema de comunicación el pasado jueves para mostrar de manera unánime su descontento y su preocupación por la financiación prevista para el próximo año. En la carta, los rectores alertaron sobre la «insostenibilidad económica» que imposibilita «la calidad del servicio público».
«El borrador de presupuestos no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, para cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central ni para financiar las exigencias de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Tampoco incluye recursos suficientes para garantizar el mantenimiento de los edificios, indispensable para su funcionamiento y seguridad en condiciones adecuadas», expresaron en la misiva, y añadieron que «la situación actual es crítica y, en pocos años, podría volverse catastrófica».
Hasta el encuentro de este martes, la respuesta de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que encabeza Emilio Viciana, lo fiaba todo a la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidad y Ciencia (LESUC) de la región, en la que se incluirá un nuevo modelo de financiación plurianual adaptado a sus necesidades, según fuentes de la Consejería.
La LESUC contempla, por un lado, una financiación básica y, por otro, la posibilidad de recibir tanto inversiones para necesidades singulares, como una financiación adicional cuyo importe estaría en función del cumplimiento de determinados objetivos estratégicos en materia docente, investigadora o de competitividad.
Relación tensa entre ambas partes
La fricción entre el Gobierno regional y las universidades públicas se ha recrudecido en los últimos días, pero ya venía ocurriendo desde hace meses. Así se desprende tras las declaraciones de Ayuso del pasado 14 de noviembre en la sesión de control del Pleno de la Asamblea en las que acusó a la izquierda de «colonizar» las instituciones, empezando por la universidad, y afeó que «se den títulos como churros».
Unas palabras a las que respondió 10 días más tarde el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, que calificó las palabras de la presidenta de «injustas y falsas» y expresó que «generan un daño irreparable al prestigio de una institución académica que es un pilar esencial de la formación superior en España y que goza de un reconocimiento internacional ampliamente merecido».
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