Josep Maria Aguiló01/12/02 0:00
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El historiador Miguel Ferrer Flórez (Palma, 1922) acaba de publicar «Desamortización eclesiástica en Mallorca (1835)». La Ley de Desamortización fue aprobada por el ministro Mendizábal en 1835 y se empezó a aplicar en 1836 y 1837. «La ley pretendía la desamortización de los bienes eclesiásticos del clero regular -las órdenes religiosas- y no afectó a los bienes del clero secular -los capellanes-, que serían expropiados años más tarde», recuerda.

Tanto los bienes inmuebles como las fincas rústicas fueron expropiados por el Gobierno y puestos a subasta. Las órdenes religiosas perdieron así los conventos, las iglesias y las tierras. «Si se hubiese hecho con mayor diálogo y más sentido común habría ido mejor. La propia Iglesia no se oponía a la desamortización, sólo quería que se realizase de otra forma, a otro ritmo. Así como se hizo fue una equivocación», dice.

Ferrer recuerda que, una vez subastados y vendidos, en Palma fueron derruidos el convento de Sant Domingo, de los frailes dominicos, situado en la calle Conquistador; el convento de Sant Francesc de Paula, de los frailes mínimos, situado en la plaza de la Reina; el convento del Carme, de los carmelitas, situado en la Rambla; y el convento de Jesús, de los observantes franciscanos, situado al lado del Hospital Psquiátrico.

Se derribaron cuatro conventos de monjas de clausura: el convento de Santa Maria de l'Olivar, de las clarisas urbanistas, situado en la plaza del mismo nombre; el convento de Santa Margalida, de las agustinas, situado en la calle Oms y del cual se conserva la iglesia; el convento de la Consolació, de las agustinas, situado en la plaza Quadrado, que aún hoy se conoce popularmente como plaza de les mongetes; y el convento de Nostra Senyora de la Misericòrdia, de las agustinas, situado donde hay ahora el Banco de España.