La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears recibió
ayer una denuncia que pretende poner sobre aviso de la posible
comisión de un delito patrimonial en la excavación arqueológica de
Antoni Maura. La notificación, firmada por Sofía Alomar y la
arqueóloga Helena Inglada, expresa que «con fecha 23/09/04, el
consejo de administración de la Societat Municipal d'Aparcaments
(SMAP) adjudica la construcción del aparcamiento subterráneo de la
calle Antoni Maura sin que todavía se haya tomado una decisión ni
concluyente ni definitiva sobre el futuro de los hallazgos
arqueológicos localizados».
En su escrito, las denunciantes explican que «el conjunto
histórico de Palma está catalogado como Bien de Interés Cultural
(BIC), máxima protección patrimonial recogida en la legislación
vigente, y la Avenida Antoni Maura forma parte de dicho conjunto».
En este sentido, aclaran que «varios de los restos hallados son per
se BIC» y agregan que «puesto que no se ha concluido la excavación,
no se puede hacer una valoración de los restos».
En un comunicado remitido junto a la denuncia, Helena Inglada
expresa que «los reiterados proyectos de aparcamientos subterráneos
de Cort en el casco antiguo demuestran el desprecio de las
autoridades por el valiosísimo patrimonio histórico de la ciudad».
Añade que «a pesar de tener conocimiento de que los lugares
propuestos contienen valiosos restos de la ciudad antigua, el
Ajuntament desoye y viola las leyes que le obligan a mantener y
cuidar el patrimonio del cual es gestor, cuando su deber es
salvaguardar los valores del pueblo que custodia».
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