La Justicia de Balears recibió ayer tres denuncias por presuntos
delitos contra el patrimonio en los yacimientos de Antoni Maura y
sa Calatrava, a las que se deben sumar las ya presentadas por EU-EV
y otra de dos ciudadanas. A esta situación, nunca vista en Balears
respecto al patrimonio, se añade el malestar de un amplio sector
ciudadano que ha expresado su rechazo con diversos actos. También
se ha intentado por vía administrativa volver atrás las decisiones
tomadas por CIM y Cort. Arqueólogos y expertos han cuestionado
reiteradamente las actuaciones de la administración responsable de
proteger el Patrimonio, el CIM, y de Cort.
ARCA denunciaba ayer al juzgado, y el PSM al juzgado y la
Fiscalía, el «desmantelamiento», «sin la pertinente autorización»,
de los restos islámicos que aún permanecían en el yacimiento de
Antoni Maura. Y piden la adopción de «medidas cautelares urgentes
de protección del patrimonio encontrado» ante la consideración de
que «se está infringiendo claramente diversos artículos de la ley
de Patrimonio, en tanto en cuánto, no se ha informado debidamente a
la Comisión de Patrimonio del CIM».
En ambas demandas se considera que el desmonte de las
estructuras del puente islámico del siglo X que realiza la empresa
adjudicataria de las obras del párking, el Ajuntament y la Sociedad
Municipal de Aparcamientos (SMAP), «no se encuentra amparada por
ninguna autorización» legal. El único visto bueno existente,
aseguran, se basa al informe del responsable del área de
arqueología del CIM, Jaume Cardell, que se fundamenta en el informe
arqueológico del director de la excavación, Rafael Turatti. En
ninguno de ellos se hace referencia a la estructura islámica
mencionada y, en cambio, se explicita que la excavación no ha
concluido.
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