Las bibliotecas municipales de Palma no cumplen los requisitos mínimos

La Biblioteca Ramon Llull se sumará en breve a los veinte centros que aúna la red municipal.

NURIA ABAD03/02/05 0:00

La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO) desarrollaron en el año 2001 un estudio en el que se marcaron unos estándares mínimos para el desarrollo de las bibliotecas públicas que se correspondieran con el nuevo mundo de la información en el que se desenvuelven hoy en día. La comparación de estas directrices fundamentales con la realidad de los espacios bibliotecarios municipales de Palma deja patente el lamentable estado de estos espacios, que no cumplen los requisitos mínimos. Según la IFLA/UNESCO, «los principales objetivos de la biblioteca pública son facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de personas y grupos en materia de instrucción, información y perfeccionamiento personal, comprendidas actividades intelectuales de entretenimiento y ocio. Desempeñan un importante papel en el progreso y el mantenimiento de una sociedad democrática al ofrecer a cada persona acceso a toda una serie de conocimientos, ideas y opiniones». Para ejercer este propósito en óptimas condiciones, esta memoria señala la necesidad de la existencia de 3 lugares de lectura por cada 1.000 habitantes -Palma tiene 0'5-; una superficie estándar en metros cuadrados de las bibliotecas de 500 metros -los espacios municipales de Ciutat poseen una media de 95-; fondos iniciales de 5.000 libros -en nuestros centros la media es de 3.000-; un índice de adquisiciones anuales de 20.000 ejemplares -aquí se reduce a 8.100-; crecimiento anual del fondo bibliográfico de un 8 por ciento anual -en Palma se da un 0,5 por ciento anual-; horario de 35 horas semanales -32'2 horas en las bibliotecas locales-; un plantilla en la biblioteca central (Cort) compuesto por 18 personas, -actualmente hay 6- y de 4 en las bibliotecas de barrio -donde lo normal es que haya un solo bibliotecario-; ocho ordenadores por centro -la media en Palma es de 0'5- y, al menos, dos impresoras, instrumento del que carecen la mayoría de las bibliotecas municipales.

Esta situación ya fue denunciada en reunión plenaria el pasado de mes de marzo por el grupo municipal del PSM en Cort. Entonces ya solicitaron un estudio y un plan de bibliotecas que «fue rechazado por el quipo de gobierno». Por su parte, la Asociación de Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas de las Illes Balears (ABADIB) afirma que «aunque en las dos últimas décadas la creación en España de nuevas bibliotecas y el aumento de sus recursos es una realidad constatable, estamos lejos de llegar a los estándares de los países de nuestro entorno; las bibliotecas de las Islas Baleares, como en el resto del país, sufren un déficit de recursos por falta de inversiones». Añaden que «esta situación se agrava cuando hablamos de bibliotecas públicas y populares».

Ante este panorama, ABADIB ha gestado un documento en el que plantea una serie de reivindicaciones. La primera exige «el establecimiento de un marco normativo autonómico con una distribución equilibrada entre el Govern y los Consells», aunque las bibliotecas municipales de Palma todavía no están incluidas en la red insular. Otra petición es el «cumplimiento de las obligaciones que las leyes de patrimonio histórico, la estatal 16/1985 y la autonómica 12/1998, establecen en lo que hace referencia al patrimonio bibliográfico y documental». así como «la creación de archivos a todos los niveles de la Administración Pública y de bibliotecas en los ámbitos que lo requieren para el cumplimiento de sus objetivos». Asimismo, demanda «planes específicos de inversiones en infraestructuras y recursos humanos y materiales hasta llegar a los estándares europeos», «dotación de los archivos y de las bibliotecas con personal suficiente y con la cualificación requerida para una buena gestión del servicio» y, por último, «la garantía del derecho de todos los ciudadanos a la cultura y el fomento de la participación en la gestión de los servicios».