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La ministra de Cultura, Carmen Calvo, se reunió ayer en el Pueblo Español con representantes de todos los segmentos culturales de la Isla para presentar las líneas directrices de actuación de su departamento. Durante el acto, en el que estuvo acompañada por el diputado socialista Francesc Antich y por la portavoz del PSOE en el Parlament, Francina Armengol, apuntó como «la novedad» de su gabinete el «fomento de la modernidad» para resolver la «fractura intelectual generada por la descapitalización de toda la generación creativa de la II República». A este respecto, manifestó que el Ministerio de Cultura está dispuesto a «jugársela por quien está trabajando en la creación y en la trasgresión como metodología para generar un lenguaje futuro» y admitió que «las nuevas generaciones están llevando a cabo un vuelco profundo que hay que canalizar con inversiones políticas».

Carmen Calvo señaló también como otra materia esencial la «preservación del patrimonio histórico», un valor que «debe ser respaldado por las institituciones con seriedad y rigor». En este punto, añadió que, «en Baleares, este activo ha sido maltratado en los últimos ocho años», relidad que, dijo, debería modificarse ya que «el patrimonio es un activo turístico y esta comunidad autónoma es la principal de España en este segmento económico».

Asimismo, la ministra habló del Plan contra la Piratería, que se aprobará en abril y en el que estarán involucrados once ministerios. Este plan, que contendrá medidas protectoras, educadoras y sancionadoras, protegerá a los creadores de «los delitos contra la propiedad intelectual». Aceptó que este problema llega a España en el momento menos indicado, «cuando nuestra industria cultural es todavía incipiente y poco poderosa económicamente». La batalla, según Calvo, va a estar centrada en la llamada excepción cultural, en la que serán necesarias «medidas de carácter fiscal que permitan el abaratamiento de los costes para que los bienes culturales lleguen a los ciudadanos a precios más asequibles» y agregó que, en consecuencia, «nuestro mercado cultural debe ser protegido, además de por la legalidad, por la conciencia social».