El Gobierno declara la guerra a la piratería

«El crack ya está encima», dijo Miguel Àngel Sancho, de Blau. «Es el último tren que podemos coger», apuntó Ignacio Fernández-Allende, responsable de la Sociedad general de Autores (SGAE) en Balears. Ambos se referían a la necesidad que tenía la industria cultural de un Plan Antipiratería, que ayer aprobó el Consejo de Ministros y ha satisfecho a los sectores implicados. El Plan Integral en Defensa de la Propiedad Intelectual, más conocido como Plan Antipiratería, que implica a 11 ministerios, contempla medidas de carácter urgente para luchar contra el top manta y las descargas ilegales en Internet. Entre ellas, el fiscal general del Estado dictará instrucciones para unificar criterios en el tratamiento del delito, se creará un grupo policial específico sobre delitos relacionados con la propiedad intelectual y planes territoriales de actuación policial, se formará una mesa de trabajo que junto a los sectores implicados abordará los instrumentos para luchar contra la piratería en la Red y fomentará la autorregulación.

La ministra portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que se aprobó con carácter de «urgencia» ante la situación por la que está pasando la música y el cine, que «están literalmente tirados por los suelos». «El País» publicó el pasado miércoles que la piratería ha provocado la destrucción de 1.500 empleos directos y pérdidas de 200 millones de euros anuales. Sancho recordaba que, en cuanto a la música, «se han reducido muchos puntos de venta y cerrado muchas tiendas». Toni Fernández, de Ona Digital, ponía un ejemplo sobre uno de los grupos que produce, Cap Pela, que siempre se había defendido bien en el mercado. «Venden menos, pero no porque no tengan capacidad para ello, sino que los primeros 500 discos vendidos se convierten en 5.000 con la copia privada». «En Baleares se da una circunstancia que no sucede en el resto del Estado, la judicatura está dividida en cuanto a sentencias favorables y en contra sobre piratería», dijo Fernández-Allende.

En un plazo máximo de tres meses se creará una comisión intersectorial integrada por representantes de todas las administraciones públicas con responsabilidad en la materia, de las entidades que defienden los derechos de propiedad intelectual, de la industria de las tecnologías y las comunicaciones, y de las asociaciones de consumidores. Esta comisión marcará las líneas directrices del Plan así como el control de su ejecución. Fernández-Allende cree que este órgano, «en el que tendremos voz y voto», es uno de los avales del Plan porque las medidas se pueden ir «corrigiendo» si no funcionan bien. Para Toni Fernández, «los grandes cómplices de la piratería son los suministradores de telefonía ADSL» y Fernández-Allende dice que «tendrán que autorregularse, como sucede en Francia, porque, de lo contrario, tendrá que haber una intervención». Pero la industria también deberá hacer una seria reflexión, tendrá que «estar a la altura, dar mejor imagen y analizar qué podemos aportar y provocar mayor creatividad», concluyó el responsable de la SGAE en Balears.