Una de las primeras consecuencias de la aprobación por referéndum del nuevo Estatut d'Autonomia de Catalunya es el agravamiento de la disputa en torno al Archivo de la Corona de Aragón. En 1978, los estatutos de las cuatro comunidades que integraron la Corona de Aragón ya citaban la conveniente constitución de un organismo que gestionara los registros comunes. En cambio, el nuevo Estatut catalán señala, en su artículo 127, que los documentos deben integrarse en el sistema de archivos de Catalunya. La medida ha provocado que el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, anunciara que el Consejo de Gobierno de Aragón recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, Francesc Fiol, conseller de Cultura del Govern, señaló que Balears también apelará contra el artículo por considerarlo inconstitucional.
La creación de un patronato que gestione el archivo y tenga en cuenta las distintas sensibilidades autonómicas podría solucionar la disparidad de intereses que actualmente existe entre los usuarios del archivo, fundamentalmente investigadores, y los políticos de las distintas comunidades implicadas, en constante refriega.
El director del Arxiu del Regne de Mallorca, Ricard Urgell, declaró que «para los investigadores es más cómodo si todos los archivos se recogen en uno solo», y añadió que «la constitución de un patronato, con la participación de los técnicos, resolvería las problemáticas». Urgell comentó que «el Archivo de la Corona de Aragón se formó a partir del Archivo Real de Barcelona, al que se sumaron otros fondos, algunos de naturaleza diferente al núcleo primero, como los incorporados en los siglos XVIII, XIX y XX».
El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, declaró hace unas semanas en Palma, que «al debate sobre este fondo se le ha de quitar toda carga que no sea puramente científica y pensar en los que finalmente utilizan los archivos». Mascarell añadió en Sitges hace unas semanas que «tenemos una reunión pendiente sobre el patronato», aunque la conselleria de Cultura aún no ha emitido ningún comunicado sobre el estado actual de la hipotética institución.
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, mantuvo en marzo de 2005 una reunión con Jaume Matas, presidente del Govern balear, en la que anunció la inmediata formación del demorado patronato. El anuncio contrasta con el rechazo, hace pocas semanas, a la creación de este organismo por parte del pleno del Senado.
Según Gabriel Janer Manila, director del Institut d'Estudis Baleàrics, «la idea no es romper el archivo, pero se pretende un reconocimiento político y que Catalunya no vaya por su cuenta ni se sienta la única heredera». Janer Manila reiteró la importancia de que «cada componente de la Corona de Aragón tenga una voz propia y que exista una buena comunicación entre todos, para facilitar el acceso a la información».
La situación es que Catalunya considera que tiene competencias plenas sobre una parte del fondo documental, en especial los documentos procedentes del Archivo Real de Barcelona. También hay que tener en cuenta los documentos de la Generalitat, la Real Audiencia de Catalunya, la Administración Napoleónica y fondos de la Generalitat republicana. Por otro lado, Balears, Aragón y Valencia critican que Catalunya se sienta la única beneficiaria del archivo, que se fue completando con originales de todo tipo y procedencia.
Los documentos históricos sobre Mallorca ocupan un papel relevante, como el «Llibre de Privilegis» de Mallorca que Pere «el Cerimoniós» mandó al archivo, incautado cuando la incorporación de este reino (1344); o el proceso contra Jaume I, con sus discursos a las Cortes.
El Archivo Real fue creado por Jaime II de Aragón en 1318. En 1714 Barcelona se rindió a las tropas de Felipe V. La monarquía borbónica le dio una nueva planta en 1738 y un reglamento interno en 1754. Así pasó a llamarse Archivo de la Corona de Aragón. El nombre indicaba la voluntad de trasladar a Barcelona y aglutinar los archivos reales de Valencia, Aragón y Mallorca.
Durante más de cuatro siglos, el Archivo Real estuvo albergado en el Palacio Real Mayor de Barcelona. Desde 1858, se rige por las leyes del Ministerio pertinente. En 1993, se trasladó a su nueva sede de la calle Almogàvers en la Ciudad Condal, en un edificio bien preparado para los investigadores. Las incorporaciones más voluminosas son las de la segunda mitad del siglo XX.
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