Uno de los representantes de Balears en el patronato es el historiador Miquel Deyà, quien entiende que tiene que ser Madrid quien debe poner en marcha la entidad. «El archivo no es sólo una fuente de información, es una institución cultural que se tiene que tener en cuenta». Quien se niega a reunirse es, sin embargo, es la Generalitat catalana, que ha asegurado que no «habrá ningún encuentro hasta que no se solucione la propiedad de todos los archivos». Catalunya estudia ahora qué papeles son, a su parecer, sólo de su «propiedad». Por eso, Balears, el País Valencià y Aragón interpusieron ya hace meses recursos de inconstitucionalidad. Según Deyà, será el Patronato quien decida si los archivos tienen que trasladarse o no, sin embargo «esta cuestión no se tiene que tomar desde un criterio territorial de comunidades autónomas, sino desde el punto de vista de las instituciones que generan esta información», aclaró Deyà.
Asimismo, aseguró que si bien existe un decreto de la II República en el que se transfiere la gestión de los documentos a Catalunya, el texto «dice que los fondos no tienen que salir del archivo en el que están».
Por su parte, el actual Govern no ha empezado todavía ninguna gestión al respecto, y espera en breve hablar con Madrid.
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