La clave del éxito económico, de la generación de crecimiento, de la creación de puestos de trabajo, de la mejora del bienestar e, incluso, de la buena distribución de la renta está ligada a la competitividad regional. Todo lo demás son historias de embaucadores.
La mejor definición de competitividad es que “los clientes prefieran nuestros productos a los de los competidores”. Por ello, las empresas competitivas deben buscar, con todos sus músculos y nervios en tensión, dos objetivos básicos: el control exhaustivo de sus costes para poder ofrecer precios atractivos a sus clientes y la diferenciación de sus producto a fin de distinguirse de los demás.
Así, los principales costes empresariales a controlar son los laborales (no los salarios), la energía, los impuestos, los alquileres, los intereses y los costes administrativos y jurídicos.
Por ello, si la regulación gubernamental de los distintos mercados (laboral, energético, financiero, inmobiliario, etc.) es correcta, el efecto de la competencia empresarial se transformará en competitividad internacional, prosperidad y abundancia local. Además, gobiernos reducidos, austeros y eficaces facilitan la reducción de impuestos y también la seguridad jurídica, que disminuye costes administrativos.
Cualquier otra fórmula produce deslocalización y ralentizacion de la actividad. Efectivamente, elegir las fuentes energéticas por motivaciones políticas en vez de económicas, dificultar la valoración de los inmuebles por el libre juego de la oferta y la demanda, distanciar los costes laborales del salario, conceder créditos lejos de los criterios de mercado o desmesurar el gasto público, etc., acaba teniendo consecuencias dramáticas.
Es por eso que la productividad es la única fórmula para el crecimiento económico, el bienestar y la buena distribución de la renta. Es sencilla en su formulación pero muy complicada en su implementación debido al juego de los intereses sectoriales parciales. De manera que cuanta más población la tenga asumida, cuantas más organizaciones la incluyan en su ideario, más fácil resulta su ejecución. Debemos dar, pues, la bienvenida a cuantos grupos, políticos o no, se sumen a esta idea.
El Partido Popular lo ha hecho. Así, en la legislatura que ahora concluye, desde las distintas instituciones que ha controlado, ha implementado la fórmula de la prosperidad en gran medida. La reforma energética, la financiera, la comercial, la laboral, conjuntamente con los ajustes del mercado inmobiliario, los ajustes fiscales y las mayorías absolutas parlamentarias que han sustentado a los diferentes gobiernos han permitido que las empresas pudiesen contar con marcos mercantiles que facilitasen su labor. Y el resultado de todo ello han sido unas ganancias de competitividad regional y nacional sin precedentes. No obstante, siempre queda por hacer.
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