La realidad es que la oferta ha conseguido reagruparse para lograr una intermediación mucho más poderosa de la que existía anteriormente. Si creíamos que podíamos escoger el hotel sin pasar por una agencia de viajes, Booking y Expedia nos recuerdan que es mucho más fácil y barato hacerlo a través de ellos. Si queremos una caja de vino o un martillo no hace falta acudir a la bodega o a la ferretería, Amazon nos lo coloca en casa en 24 horas y al mismo precio. Para buscar cualquier información basta con acudir a Google, y a Whatsapp, propiedad de Facebook, para llamar por teléfono. Entre ambas controlan más del sesenta por ciento de toda la publicidad en internet y el noventa por ciento de la nueva.
Y cuanto más grandes son, en más poderosas se convierten. Su poder proviene no de la complejidad de los algoritmos que utilizan, sino de la cantidad de datos que acumulan y que les ofrecemos los clientes en pago a los servicios que nos prestan. Inevitablemente tienden al monopolio. Hasta ahora los monopolios eran nacionales, especialmente en Estados Unidos, o, en las últimas décadas, europeos. Los nuevos son universales. Las autoridades americanas les dejan actuar con un mínimo de controles, mientras que en Europa la Comisaria de la Competencia, la danesa Margrethe Vestager, ha obligado a Apple a devolver 13.000 millones de euros a Irlanda por impuestos no pagados, decisión recurrida por la empresa y las autoridades del país. A Google le ha impuesto una multa de 2.420 millones de euros por abuso de posición dominante y otra de 400 millones a Amazon por acuerdos con el Gobierno luxemburgués que pretendían reducir sus impuestos.
Los intermediarios monopolísticos han llevado hasta el extremo la costumbre de las multinacionales de pagar los impuestos no donde se genera el ingreso sino donde les conviene, es decir donde pagan menos, distorsionando el normal funcionamiento de los mercados locales.
Varios países europeos, entre los que se encuentra España, están estudiando fórmulas para obligarles a pagar donde generan los ingresos, lo que disminuiría el desajuste fiscal, aunque no resolvería el problema “político”.
En España la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia todavía no ha abierto expediente a ninguna de las grandes plataformas por abuso de posición dominante, quizás porque al no existir la competencia, nadie puede presentar la correspondiente denuncia. Estamos pues llegando al monopolio perfecto aceptado alegremente por el consumidor.
