Los objetivos perseguidos con esta nueva regulación son, entre otros: avanzar en la consecución de una mayor transparencia; promover la relación calidad-precio, de forma que un mejor diseño de los criterios de adjudicación de las obras, suministros y servicios tenga en cuenta no solo variables cuantitativas, sino también cualitativas, medioambientales, sociales e innovadoras, ligadas estrechamente al objeto del contrato.
Tiempo llevaba la Unión Europea demandando mejoras en nuestra LCSP, a través de las exigencias de distintas directivas comunitarias. Todas ellas enmarcadas en la relevancia que la contratación pública ostenta en el ámbito de la Estrategia Europa 2020, donde el crecimiento inteligente, sostenible e integrador son una prioridad. Es importante recalcar que el impacto económico estimado de los contratos públicos es del 20% del Producto Interior Bruto, por lo que obvia poner en evidencia la necesidad de progresar en este ámbito.
La nueva ley también incorpora, como novedad, la posibilidad de reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a empresas y entidades de la economía social, como empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social. Por tanto, a partir del 9 de marzo, fecha de entrada en vigor de la ley, la contratación pública dejará de ser exclusividad de determinados sectores empresariales y facilitará el acceso de pymes y empresas de economía social a las adjudicaciones públicas.
Desde nuestro sector entendemos el nuevo marco jurídico en España como una oportunidad excelente para configurar un modelo económico más humano, implicado con el territorio y el desarrollo local, que coloque a las personas en el centro de la gestión, con criterios democráticos y de redistribución de beneficios de forma equitativa y que colabore en la integración laboral de personas con especiales dificultades de empleabilidad.
Confiamos en que la nueva Ley de Contratos del Sector Público se refleje en las cláusulas sociales de los diferentes concursos que planteen los ayuntamientos y las administraciones, contribuyendo así al crecimiento del sector cooperativo y económico social en Balears.
