Así que José le explicó al faraón que Dios le estaba mostrando lo que debía hacer si deseaba un reinado tranquilo y sin sobresaltos. Pues las siete vacas gordas eran los años de buenas cosechas, que podían ir seguidos de siete malos. De manera que le convenía buscar a un hombre sabio que le organizara la conservación de un quinto de las buenas cosechas, para tener provisiones para cuando llegaran las malas. El faraón eligió a José quien, así, aplicó por vez primera la regla de gasto.
De hecho, esta regla también fue el soporte del imperio inca y de muchos otros. Alternativamente, muchos monarcas y gobernantes cayeron cuando se dejó de aplicar. Ya que el decrecimiento económico siempre conlleva conflictos sociales.
John Maynard Keynes, tan citado por muchos, defendía lo mismo, pues consideraba que el gobierno debía actuar de forma anticíclica ahorrando en épocas de bonanza, para tener músculo financiero suficiente para cuando las cosas vinieran mal dadas.
La regla de gasto, aprobada en nuestro país tardíamente en 2012, establece un límite al crecimiento de los gastos de las administraciones públicas. Este límite provoca que en épocas de crecimiento económico, como la actual, los ingresos de las administraciones crezcan más que los gastos y, por tanto, que se generen ahorros o superávits. Es decir, no impide el crecimiento del gasto, sino tan solo el incontrolado, tal como le ocurrió durante los mandatos de Zapatero-Antich-Calvo de tan graves y duras consecuencias.
Actualmente, en el caso de los ayuntamientos, la regla establece que el ahorro generado se emplee prioritariamente en la reducción de la deuda, cuando esta exista, y/o alternativamente, en las llamadas inversiones financieras sostenibles, tales como la mejora del transporte de viajeros, la recogida y reciclaje de basuras, la promoción turística, la rehabilitación, el alumbrado público, la protección y mejora de saneamiento de aguas, protección del medio ambiente, etc.
Se trata de una norma que entronca con los fundamentos de gobernanza de la UE enmarcada en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. De manera que, a pesar de toda la demagogia propia las formaciones políticas populistas y del socialismo desnortado, la modificación de esta norma requiere tener en consideración el marco del ordenamiento jurídico comunitario.
Desde luego, se puede flexibilizar y adaptar a las nuevas circunstancias, pero es una norma irrenunciable al atender a un principio básico de buen gobierno desde los tiempos del hijo de Jacob.
