Llaüts amarrados a uno de los pantalanes del Club Náutico de Sant Antoni. | Daniel Espinosa

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El futuro de la bahía de Portmany, que abarca parte del litoral de los municipios de Sant Antoni y de Sant Josep al oeste de la isla de Eivissa, está en el aire. El próximo 31 de diciembre termina la moratoria que ahora impide la llegada al puerto de Sant Antoni de barcos con mercancías y vehículos a bordo. Una moratoria que fue aprobada en febrero de 2019 por el consejo de administración de Ports de les Illes Balears (Ports IB) y ratificada por el Consell de Govern a petición del Ayuntamiento de Sant Antoni, que en 2017 aprobó por unanimidad de todas las formaciones políticas reclamar al Govern balear el cierre del puerto a los grandes ferris que realizaban la travesía entre la Península y Sant Antoni, el puerto del archipiélago balear más cercano al continente.
A escasos dos meses del final de la moratoria, el Govern, que es quien gestiona este puerto, todavía no ha tomado una decisión. “La voluntad es la de hablar las cosas y llegar a acuerdos. En los próximos meses nos reuniremos para poder definir y tener una respuesta que no puedo dar en estos momentos. Antes de que acabe el año habrá una propuesta definitiva”, aseguraba el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, en su última visita a Sant Antoni el pasado mes de septiembre. Y desde el equipo de gobierno del municipio ‘portmanyí' -formado por un tripartito entre Partido Popular, Proposta per Eivissa y Ciudadanos- tampoco se lo ponen fácil ya que la división en su seno es máxima. Por un lado, la coalición Proposta per Eivissa (de la que forma parte El PI) acaba de anunciar que es partidario de que no vuelvan los grandes ferris cargados de mercancías a la bahía. En cambio, Ciudadanos pide abiertamente que estas embarcaciones vuelvan a operar en Sant Antoni. El PP, por su parte, todavía no se ha posicionado. “La opinión está muy dividida en el municipio. Queremos buscar el máximo consenso”, se limita a decir el alcalde, el popular Marcos Serra. Finalmente, el Consistorio no podrá llevar a cabo la consulta ciudadana a la que se había comprometido al carecer de competencias sobre la cuestión a tratar: el puerto. En la oposición, PSOE y Unidas Podemos están a favor del cierre del puerto al tráfico de mercancías y vehículos, ya que consideran que su presencia conlleva más perjuicios que beneficios al pueblo. Esto supone que en el pleno las fuerzas políticas contrarias a los ferris son mayoría.

‘LOBBY'. En febrero de este mismo año se presentó en sociedad la plataforma ‘Salvem sa Badia de Portmany' con el objetivo de llamar la atención sobre las amenazas que, en su opinión, ponen en peligro la bahía, así como frenar su deterioro y recuperar su calidad medioambiental. Una iniciativa impulsada por el Club Náutico de Sant Antoni, presidido por el alcalde del municipio en la anterior legislatura, el socialista Pep Tur, quien compaginó ambos cargos. Para este colectivo, el atraque de los ferris es la problemática más urgente a resolver. “Si en Eivissa no hubiera otro puerto, sería un problema que tendríamos que asumir porque el tráfico de mercancías y pasajeros es imprescindible para la economía de la isla. Sin embargo, la ciudad de Eivissa está a 15 minutos, tiene mejores infraestructuras y ha quedado demostrado que puede asimilar sin problemas toda la demanda”, apunta José Luis Valdés Prats, portavoz de ‘Salvem sa Badia de Portmany'. Y las cifras, en principio, les avalan: en 2019 llegaron al puerto de Vila 801.258 pasajeros, lo que supone un incremento en más de 83.000 viajeros en relación al año anterior, cuando ambos puertos estaban operativos. Y también en cuanto a ocupación hotelera. Si en 2018 los establecimientos de la bahía de Portmany tuvieron una ocupación del 82,73 %, en 2019 fue de casi medio punto porcentual más, un 83,15 %, según datos de la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera.
Valdés también destaca que el puerto de Sant Antoni “es el único de Balears en el que operan ferris y que tiene un uso turístico, con playas repletas de miles de bañistas en el mismo entorno”. Y añade que, además de la contaminación y el ruido que generan estos barcos, “provocan atascos de tráfico durante las operaciones de llegada y salida y la sensación de que Sant Antoni, en julio y agosto, parece más un puerto industrial que una bahía turística”. Por todo ello, consideran que sin la presencia de estos ferris, la bahía de Portmany podría orientarse “hacia el turismo, el ocio, el deporte y disfrutar de una mayor seguridad y de una agua más clara”.

OTROS PROBLEMAS. Pero el de los ferris no es el único problema que padece la bahía de Portmany ni los únicos que provocan que el agua no esté en condiciones. La presencia de más de un centenar de tuberías y emisarios que desembocan en este punto del litoral supone otro desafío para el futuro de esta importantísima zona turística, al igual que los fondeos ilegales de embarcaciones “en las que vive gente o que se alquilan como viviendas vacacionales”, alerta Valdés. “Además, como el fondo de la bahía está formado por arena, fango y suciedad, cada ve que llega un ferri, durante la maniobra de atraque, remueve todo el fondo y enturbia el agua. Esta suciedad acaba en las playas de la bahía y la sufren los residentes y turistas, que son parte esencial de nuestra economía”, apunta el portavoz de ‘Salvem sa Badia de Portmany'.

FONDEOS. El puerto de Sant Antoni incluye actividad pesquera, náutica recreativa y, hasta 2018, también mercantil, y sus infraestructuras las gestiona Ports IB y el Club Náutico. Este último dispone de 400 amarres mientras que el ente portuario autonómico tiene 245, de los que cinco están destinados a embarcaciones de tránsito. Además, desde ‘Salvem sa Badia de Portmany' explican que en 2015 tenían contabilizados más de 250 barcas fondeadas de manera ilegal en el centro de la bahía. Este hecho llevó a que Es Nàutic presentara un proyecto de limpieza del fondo y la instalación de 71 boyas ecológicas que fue aprobado por Ports IB y la Conselleria de Medi Ambient gracias al cual se extrajeron 173 toneladas de residuos, bloques de hormigón, cadenas, barcos hundidos, motores, 400 kilos de baterías, … A pesar de que el puerto de Sant Antoni tiene una de las listas de espera más largas para obtener un amarre en base de los 16 puertos gestionados por Ports IB, con 490 inscritos antes del estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus, el Club Náutico apuesta por un “crecimiento cero” en amarres y se ha comprometido a que, con independencia de lo que ocurra en la zona portuaria con los ferris, no solicitará gestionar más pantalanes.
Desde ‘Salvem sa Badia de Portmany' están convencidos de que la mayor parte de los ‘portmanyins' están a favor de cerrar el puerto a los ferris con mercancías y vehículos. “La asamblea de Es Nàutic en la que se aprobó poner en marcha la iniciativa ‘Salvem sa Badia', se aprobó por unanimidad entre los centenares de socios de todas las tendencias trabajar para evitar el regreso de los ferris”, apunta José Luis Valdés. Otro de los indicios que tienen de este apoyo popular a su iniciativa es el debate entre los miembros del Comité Ciudadano del Plan Estratégico de Sant Antoni, en el que están representados todos los sectores sociales y económicos del municipio y en el que “por rotunda mayoría también se optó por apartar los ferris del puerto. Diferentes colectivos, como los pescadores, el sector náutico, muchos hoteleros o la Asociación de Empresarios de Cala de Bou también se han manifestado en contra de que vuelvan y, hasta hoy, ninguna asociación ha salido a defender públicamente lo contrario. Esto nos obliga a concluir que la mayoría no quiere que vuelvan”, sentencia el portavoz.