Elecciones generales

Los candidatos de Sumar Més al Congreso para las elecciones del 23J, Vicenç Vidal y Elisabeth Ripoll. | Sumar Més

Europa PressPalma16/07/23 13:35
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La coalición Sumar Més ha propuesto aumentar el presupuesto destinado a la sanidad hasta el 8 por ciento del PIB y la derogación de aquellas leyes que sean «una puerta abierta a la privatización de la sanidad pública». Así lo han indicado los candidatos de la formación al Congreso para las elecciones del 23J, Vicenç Vidal y Elisabeth Ripoll, en un acto electoral celebrado este domingo en el Parc de Sa Riera de Palma. Desde Sumar Més, han explicado que con estas medidas pretenden que el sistema público «pueda atender las necesidades crecientes en el ámbito de la salud mental, especialmente entre la población infantil y juvenil». En este sentido, apuestan por modificar la Ley de medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud para «garantizar esa inversión».

Ripoll ha señalado que el 17 por ciento de los menores de 18 años de Baleares «sufre algún trastorno mental, según los datos de la Coordinadora Autonómica de Salud Mental». «Esto supone que 41.861 jóvenes han sido diagnosticados con algún tipo de trastorno, una cifra que se ha visto aumentada especialmente a raíz de la pandemia», ha recalcado. Vidal ha asegurado que la coalición pedirá «renegociar» con el Gobierno del Estado el importe de la transferencia de la competencia de Sanidad al Govern, con el objetivo de «fidelizar al personal sanitario público e invertir en mejorar el servicio». Según ha apuntado el candidato, es »imprescindible« que el Estado «priorice» la inversión en salud a través de los Presupuestos Generales del Estado.

«Los ciudadanos de Baleares tienen los mismos derechos que los del continente y es necesario implementar medidas de equidad por razones de insularidad, para que la igualdad no sea solo teórica», ha argumentado. Además, Vidal también ha anunciado que Sumar Més apostará por derogar la Ley 15/1997 y el Real Decreto Ley 109/96, que, a su juicio, representan «una puerta abierta a la privatización de la sanidad pública», así como para «garantizar el acceso universal a una salud pública y de calidad».