Tres meses de las elecciones del 28-M: menos concejalías de Igualdad y más de Familia

Cambiar de nombre la concejalía de Igualdad, incluirla dentro de otras o, directamente, suprimirla son algunas de las nuevas medidas de los ejecutivos liderados por la derecha, que también apuestan por otros recortes como eliminar aquellas áreas relacionadas con la Agenda 2030 y la sostenibilidad, o la memoria democrática.

Al menos ocho capitales de provincia, tres comunidades autónomas y varios municipios han eliminado el área de Igualdad. Tras los acuerdos de PP y Vox, los ayuntamientos de Burgos, Valladolid, Toledo y Ciudad Real han sustituido sus concejalías de Igualdad por las de Familia. En Castelló, donde gobiernan los mismos colores, el ejecutivo local ha suprimido la Concejalía de Feminismos y LGTBI, aunque ha anunciado la concejalía de Familia, de nueva creación.

Allí donde gobierna el PP en solitario también se han tomado decisiones parecidas. Mientras que el ayuntamiento de Murcia ha prescindido de la concejalía de Igualdad -aunque cuentan con una de Bienestar, Familia y Salud-, en otras capitales como Huelva o Alicante han integrado las políticas de esta índole dentro de otras áreas.

Este escenario no solo se ha dado a nivel municipal. El gobierno autonómico de Extremadura, donde María Guardiola (PP) gobierna con Vox, y el de La Rioja, donde los populares lo dirigen en solitario, también han suprimido sus consejerías de Igualdad. En las Islas Baleares, comunidad en la que el PP pactó con el partido de ultraderecha para gobernar en solitario a cambio de la presidencia del Parlamento balear y los gobiernos de los consells de Mallorca y Menorca, ha desaparecido el departamento de Igualdad, aunque se ha creado una conselleroa de Familia.

Asimismo, a nivel municipal, varias localidades gobernadas por la coalición de derechas han eliminado sus concejalías de Igualdad para crear las de Familia. Es el caso, por ejemplo, de Orihuela (Alicante), Ponferrada (León), Loeches (Comunidad de Madrid), Molina de Segura (Murcia) o Talavera de la Reina (Toledo).

El retroceso en materia de igualdad también se ha manifestado en los discursos de algunos presidentes autonómicos y en las decisiones que han tomado. Los gobiernos de Aragón y de la Comunitat Valenciana han insistido en sus pactos de coalición en utilizar el término «violencia intrafamiliar», evitando los de «violencia machista» o «violencia de género».

En el ámbito provincial, la Diputación de Ciudad Real -gobernada por PP y Vox- ha modificado el nombre a la Casa de Acogida para Atender a Víctimas de Violencia de Género por el de, simplemente, «Casa de Acogida». El Consell de la Comunitat Valenciana anunció que iba a eliminar el Institut Valencià de les Dones, pero finalmente rectificaron y alegaron que se trataba de un «error de transcripción», tras lo que lo han mentido intacto.

En la localidad granadina de Maracena, en la que gobierna el PP con un cuatripartito en el que está Vox, eliminaron el criterio de ser víctima de violencia de género de la bolsa social de empleo, pero tras un aluvión de críticas de los otros grupos municipales aseguraron que iban a crear un ayuda específica para estas personas de cara a septiembre.

Por otro lado, los ejecutivos locales del PP de Jerte (Cáceres) y La Solana (Ciudad Real) han recibido protestas por dejar de convocar los minutos de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género. En el primero se realizaba cada vez que ocurría un asesinato machista en el país y en el segundo al inicio de cada pleno.

Además del feminismo, otro de los colectivos damnificados por el cambio de color en ciertos consistorios o parlamentos autonómicos es el LGTBI+. La Comunitat Valenciana -donde tanto el ejecutivo regional como el ayuntamiento de Castelló han pasado de estar gobernados por la izquierda a estar dirigidos por coaliciones de PP y Vox- es uno de los territorios donde más fácilmente se identifica esta tendencia.

En Castelló, como ya se ha mencionado anteriormente, han eliminado la Concejalía de Feminismos y LGTBI, aunque incluye ambas temáticas dentro del área de Igualdad. En Valencia, el ayuntamiento del PP ha eliminado la palabra LGTBI de la delegación de Igualdad a la vez que ha creado la de Familia, Juventud e Infancia.

Asimismo, en Lorca (Murcia) el gobierno local ha eliminado la Concejalía de Diversidad y en Madrid el ayuntamiento de Almeida ha introducido un cambio en detrimento de esta misma área: quitar la «s» del departamento de Familia.

A nivel autonómico, crece la preocupación por la promesa de los gobiernos de Baleares (PP) y Aragón (PP-Vox) de derogar la ley trans, aunque esto todavía no se ha materializado. Tampoco en Madrid, donde su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció después del primer Consejo de Gobierno en junio que ya tenía redactada una modificación de la Ley Trans Autonómica de 2016 y la llevaría al Parlamento regional «en el primer periodo de sesiones», que se celebrará el próximo septiembre u octubre.

Por otro lado, los ayuntamientos de municipios como Valladolid, Torrijos (Toledo), Vegas de Genil (Granada) o Nàquera (Valencia) -todos gobernados por PP y Vox excepto el último, en el que está última formación gobierna en solitario- recibieron críticas por retirar banderas LGTBI+ o trans de sus fachadas.

La cultura también se ha visto afectada en algunos municipios liderados por primera vez por coaliciones donde ha entrado Vox. En Santa Cruz de Bezana (Cantabria), el nuevo ejecutivo decidió retirar la película infantil «Lightyear» -en la que aparece un beso entre dos mujeres- de la oferta de cine para el verano. En el ayuntamiento de Toledo se produjo una polémica similar con la obra de teatro «La Infamia», de la periodista mexicana Lydia Cacho, que se iba a representar con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.

El PSOE consideró que era «censura» por ideología, pero el PP respondió que la pieza todavía «no estaba contratada» y que tuvieron que «priorizar». En las localidades de Valdemorillo (Madrid) y Briviesca (Burgos) se cancelaron las obras de «Orlando», de Virginia Wolf, y «El Mar2, del profesor republicano Antoni Benaiges, respectivamente, la primera por motivos económicos y la segunda por técnicos, según los ejecutivos. El Ajuntament de Palma, por su parte, también suspendió la programación de la obra Nua, que aborda trastornos de conducta alimentaria, presuntamente por falta de presupuesto.