La OTAN abrió una nueva etapa de su historia al decidir una
intervención militar, bautizado como «Fuerza Decidida», contra la
República Federal de Yugoslavia para frenar la creciente violencia
en la provincia serbia e intentar evitar una catástrofe
humanitaria.
Esta no es la primera vez que la Alianza Atlántica acomete una
operación de ataques aéreos en la región de los Balcanes, ya que
anteriormente lo ha hecho en Bosnia, pero la diferencia está en que
entonces lo hizo bajo mandato de la ONU.
La decisión de la OTAN de autorizar ataques aéreos contra
Yugoslavia sin tener un mandato de la ONU establece un precedente
legal dudoso sobre el que han advertido algunos ministros
occidentales.
El presidente estadounidense, Bill Clinton, y otros líderes
aliados citaron la urgente necesidad de evitar una catástrofe en
Kosovo como la base para adoptar medidas militares contra un estado
soberano.
Sin embargo, expertos legales afirman que la justificación en el
derecho internacional no está clara y algunos alegan que los
bombardeos de la OTAN estarían basados sólo en el principio de que
«la fuerza tiene la razón».
«La OTAN se ha concedido a sí misma la capacidad de actuar sin
una sanción explícita del Consejo de Seguridad de la ONU», dijo el
subdirector del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos,
Gordon Adams.
«Esta es una acción sin precedentes, sobre el precedente algo
endeble de la intervención humanitaria», agregó. «Al final, es una
cuestión de política más que de derecho internacional. El fuerte
impone su voluntad, el débil hace que lo que puede», declaró Adams.
Rusia y China advirtieron que un ataque de la OTAN contra
Yugoslavia sería ilegal y planean convocar a una sesión de
emergencia del Consejo de Seguridad para desafiarlo.
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