Acusan al partido de Barak de violar la ley de financiación de partidos

La investigación fue lanzada tras hacerse público el informe llevado a cabo por el juez-auditor del Estado, Eliezer Goldberg, en el que se acusa a «Un Israel» de «graves violaciones» de la Ley de financiación de los partidos políticos.

El informe, de 62 páginas, detecta irregularidades financieras en las campañas de 19 de las 31 formaciones políticas que concurrieron a las elecciones de mayo de 1999. Las principales irregularidades se centran en la actuación de organizaciones de carácter no lucrativo que desviaron ilegalmente fondos a los partidos y superaron el tope máximo permitido por la legislación israelí.

Pese a ser varios, los partidos políticos señalados en el informe, la peor parte se la lleva la coalición «Un Israel» y el propio primer ministro Barak.

Ehud Barak ha intentado contrarrestar el efecto del informe afirmando que «no sabía demasiado sobre las organizaciones no lucrativas, ni me impliqué en la captación de fondos». El primer ministro ha añadido que «estaba ocupado y agobiado» con su campaña electoral y fueron otras personas las encargadas del asunto de esas organizaciones. Pero en su informe, presentado ayer ante el Parlamento, el juez-auditor del Estado ha asegurado que «Barak no puede decir que no sabía lo que pasaba». «Debería saberlo, ya que era el jefe de la campaña electoral», añadió Eliezer Goldberg.

En su informe, Goldberg impone una multa de 13'7 millones de shekels (cerca de 500 millones de pesetas) a la coalición «Un Israel», de la que el Partido Laborista es la columna vertebral.

El juez-auditor ha impuesto igualmente multas a otros partidos políticos, incluido el principal partido de la oposición, el derechista Likud.
Se abre ahora un periodo de espera hasta que la investigación ordenada por el fiscal general determine si existen responsabilidades penales. La investigación abarcará a todos los partidos que han cometido irregularidades.

El fiscal general ha puntualizado que esa investigación, de momento, no se centra en la actuación de Barak, sino de las formaciones políticas como tal.
Algunas fuentes próximas al caso señalan que es improbable que el primer ministro acabe procesado o acusado de algún delito. En todo caso, las responsabilidades penales podrían recaer en personas de su entorno, encargadas de la captación de fondos.