El polémico proyecto de ley de autonomía limitada para Córcega fue
adoptado ayer por el Gobierno para su tramitación por el
Parlamento, en medio del persistente desacuerdo entre el jefe del
Estado, el neogaullista Jacques Chirac, y el primer ministro, el
socialista Lionel Jospin.
Chirac, quien la semana pasada había obligado al Gobierno de
izquierdas a posponer la presentación del texto, advirtió sobre su
«fuerte riesgo de inconstitucionalidad» y de «profunda puesta en
entredicho del pacto republicano». Jospin refutó las críticas del
jefe de Estado y recalcó que «no es del interés de nadie
comprometer» una política que «empieza a dar resultados: el
retroceso de la violencia y una esperanza de solución» tras un
cuarto de siglo de conflicto.
Preguntado por las advertencias de Chirac, el ministro del
Interior, el socialista Daniel Vaillant, replicó que el Parlamento
debe trabajar «con toda libertad y sin advertencias». En rueda de
prensa, el titular del Interior afirmó que no habría presentado el
texto en Consejo de Ministros si no estuviera «seguro» de que es
conforme a la constitución. Pero el Consejo de Estado, organismo
consultivo que se pronuncia sobre proyectos de ley, pidió la
retirada total o parcial de siete de los 55 artículos de la
propuesta.
El Consejo se alzó, en particular, contra los relativos a la
concesión a la isla de un poder de «adaptación» de reglamentos y
leyes, bajo el control del Parlamento nacional, la enseñanza del
corso y una serie de exenciones fiscales. Si bien el Gobierno ha
tenido en cuenta «parte» de las objeciones del organismo, no ha
modificado estos tres puntos, indicó Vaillant.
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