Por dos votos contra uno, la Primera Sala de Verano de la Corte
confirmó la resolución del juez especial Juan Guzmán Tapia, quien
el pasado 29 de enero procesó a Augusto Pinochet por los crímenes
cometidos en 1973 por la llamada «Caravana de la Muerte». Sin
embargo, el tribunal, que tenía el fallo pendiente desde hace tres
semanas, rebajó la calificación del delito imputado a Pinochet,
desde autor, como había resuelto Guzmán, a encubridor de 57
homicidios y 18 secuestros calificados (desapariciones).
A favor del procesamiento de Pinochet votaron las magistradas
Gabriela Pérez y Sonia Araneda, y en contra lo hizo Cornelio
Villarroel, quien ya en mayo del año pasado se pronunció en contra
del desafuero parlamentario del senador vitalicio. Esa vez, Pérez y
Araneda se pronunciaron a favor del desafuero, que fue aprobado por
14 a 6, y ratificado posteriormente, el 8 de agosto, por la Corte
Suprema.
En un primer momento, abogados querellantes indicaron que la
Corte había ordenado también la libertad provisional de Pinochet,
pero posteriormente se aclaró que seguirá con el arresto
domiciliario que el juez Guzmán dispuso el pasado 31 de enero, y
que el ex dictador cumple en su finca costera de «Los Boldos», a
130 kilómetros de Santiago. El dictamen puede ser recurrido ante la
Corte Suprema, pero sólo mediante un recurso de queja, que debe
basarse en vicios o abusos que puedan haber cometido los jueces que
lo emitieron.
Según fuentes judiciales, lo más probable es que, sin perjuicio
de lo anterior, ahora la defensa de Pinochet concentre sus
esfuerzos en la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, que debe
pronunciarse sobre una solicitud para que el caso del ex dictador
sea sobreseído por razones de salud. El fallo provocó inmediatas
reacciones de los detractores y partidarios del ex gobernante, pero
sin la exaltación rodearon anteriores decisiones judiciales del
«caso Pinochet».
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