Los diputados franceses dieron luz verde ayer a una propuesta
socialista para recortar la inmunidad presidencial, con el telón de
fondo del clima enrarecido de las relaciones entre los dos cabezas
del Ejecutivo de Francia. Con 283 votos a favor y 241 en contra, la
proposición de ley salió adelante, en primera lectura, con el apoyo
de la izquierda, pero se considera improbable que pueda ver la luz
antes de las elecciones presidenciales y legislativas de 2002.
Los tres grupos de la oposición conservadora rechazaron el
texto, que consideran como una «maniobra» contra el presidente de
la República, el neogaullista Jacques Chirac. Las investigaciones
judiciales que salpican a Chirac son un caso de «empleos ficticios»
y de presunta manipulación de la adjudicación de obras públicas
para la supuesta financiación irregular de su partido, el RPR,
cuando era alcalde de París (1977-1995).
La proposición de ley pretende modificar el artículo 68 de la
Constitución francesa, que establece que el presidente sólo puede
ser enjuiciado por la Alta Corte de la República (integrada por
legisladores) y únicamente por delitos de alta traición. La
propuesta socialista prevé que el jefe del Estado responda, a
partir de 2002, ante los tribunales de Justicia normales -como
cualquier ciudadanopor actos cometidos antes de su elección como
presidente o que no tengan relación con su mandato.
Para evitar eventuales procesamientos carentes de fundamentos
serios, la proposición, que introduce el término de
«ciudadano-presidente», prevé un filtro denominado «comisión de
demandas», que será la única que podrá dar luz verde a una
iniciativa judicial contra un jefe de Estado. Además, para tratar
de evitar susceptibilidades, el texto establece que la reforma sólo
entraría en vigor después de la próxima elección presidencial,
prevista para la próxima primavera.
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