El fiscal de París, Jean-Pierre Dintilhac, dio luz verde ayer a los
jueces para tomar declaración al jefe de Estado, Jacques Chirac,
como testigo asistido por un abogado sobre sus viajes privados
pagados en efectivo, lo cual ha abierto en Francia el debate sobre
la utilización de los fondos reservados. El Elíseo respondió de
inmediato que Chirac no puede atender ninguna citación «contraria
al principio de la separación de poderes y a las exigencias de la
continuidad del Estado».
Al dar luz verde a los jueces para tomar declaración a Chirac,
el fiscal Dintilhac se atuvo a su posición inicial, en contra de la
opinión de su superior jerárquico, el fiscal general del Tribunal
de Apelación de París, Jean-Louis Nadal. En el tapete está una
veintena de viajes privados, pagados en efectivo por un total
supuesto de unos 370.000 euros, que el neogaullista Chirac hizo con
familiares y allegados entre 1992 y 1995 cuando era alcalde de
París.
La decisión de convocar al jefe de Estado les incumbe a los tres
jueces, que investigan el asunto de los viajes en el marco de un
sumario sobre presuntas comisiones en la adjudicación de contratos
de obras públicas en la capital francesa para la supuesta
financiación de partidos políticos cuando Chirac era alcalde
(1977-95).
El pasado día 22, los jueces habían preguntado al fiscal si
podían tomar declaración al jefe de Estado como testigo asistido
por un abogado sobre los viajes porque «la cuantía de las sumas»
lleva a «interrogarse sobre su origen y su vínculo» con los hechos
instruidos. En un comunicado hoy, el fiscal del Tribunal de Gran
Instancia de París anunció que ha indicado a los jueces que «son
competentes» para tomar declaración del jefe de Estado.
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