EfeBuenos Aires11/07/01 0:00
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El ex teniente general Videla, uno de los jefes de las Juntas Militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983, se convirtió así en el primer ex dictador que es procesado por el llamado Plan Cóndor, de cuya existencia se tuvo indicios a partir del descubrimiento en 1992 de los llamados «archivos del terror» en Paraguay. «Hemos encontrado elementos que prueban la existencia del Plan Cóndor y la participación de Videla en el mismo», señaló ayer el juez Rodolfo Canicoba Corral sobre la resolución de más de 500 páginas en la que fundamentó el procesamiento con prisión preventiva.

Canicoba Corral dispuso también un embargo de un millón de dólares sobre los bienes de Videla, de 75 años, quien cumple arresto domiciliario por otra causa judicial relacionada con las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo su mandato. Las organizaciones de derechos humanos, que se congratularon por la decisión tomada hoy por el juez Canicoba Corral, atribuyen a las Juntas Militares argentinas la desaparición de unas 30.000 personas, entre otros muchos delitos de lesa humanidad.

En declaraciones hechas a las puertas de la sede de los tribunales, Canicoba Corral no descartó que a medida que avance en la investigación puedan ser procesados otros de los «hombres fuertes» de los regímenes militares instalados en los países del Cono Sur en las décadas de los años 70 y 80.

De hecho, además de Videla, en el sumario figuran los ex dictadores Augusto Pinochet (Chile) y Alfredo Stroessner (Paraguay), además del antiguo jefe de la policía política chilena (DINA), Manuel Contreras Sepúlveda, y tres militares y un policía uruguayos. En el caso de Contreras y los uruguayos ya se han dictado órdenes de captura internacional con fines de extradición. En el sumario se incluye también un pedido para que el ex secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger sea citado a declarar. Videla fue llevado ayer a los tribunales para la notificación de su procesamiento por presunta participación en «una asociación ilícita agravada», delito que está castigado con penas de cárcel de cinco a veinte años.