El ministro de Exteriores, Josep Piqué, aseguró ayer que la
aplicación del artículo 5 del Tratado de Washington, en virtud del
cual un ataque contra un miembro de la Alianza Atlántica permite la
respuesta en legítima defensa del resto de los aliados, no obedece
a un «mecanismo automático» y que cualquier decisión de ataque por
parte de EE UU requerirá las consultas previas de los diecinueve
miembros de la OTAN. «No se trata, por tanto, de un mecanismo
automático, sino que requerirá una nueva concertación a diecienueve
que tendría en cuenta, sin duda, la necesaria solidaridad entre
todos los aliados», subrayó Piqué, insistiendo en la idea de que
en, este momento, son vanas las especulaciones sobre el tipo de
medidas que cabría adoptar.
El responsable de Exteriores detalló en su intervención ante los
partidos parlamentarios las medidas de orden práctico adoptadas en
el seno de la ONU, de la OTAN y de la UE como reacción a los
atentados contra Nueva York y Washington. Piqué asumió ante los
diputados el compromiso de informar con total transparencia de todo
cuanto vaya sucediendo en los distintos ámbitos de decisión, pidió
no adelantar conclusiones sobre un fenómeno tan importante como el
sufrido en Estados Unidos y que, a su juicio, conduce a una «nueva
situación» en materia de seguridad y pone de manifiesto la
«vulnerabilidad» de las sociedades democráticas.
El ministro, finalmente, pidió evitar la idea de que nos
encontramos ante una «confrontación entre civilizaciones» y se
mostró convencido de la fortaleza de las sociedades democráticas
para superar esta situación. El Gobierno no necesitaría la
autorización del Parlamento para intervenir en una eventual acción
militar de la OTAN si finalmente se aplica el artículo 5 del
Tratado de la Alianza y los Diecinueve respaldan la respuesta de EE
UU a los atentados cometidos el pasado martes, según explicó el
ministro.
Reconoció que la necesidad o no de autorización está generando
un debate jurídico, porque, a diferencia de lo ocurrido durante la
Guerra del Golfo o la de Yugoslavia, se trata de la primera vez que
la Alianza se enfrenta a un supuesto en el que cabe la aplicación
del artículo 5 del Tratado. «La interpretación jurídicamente más
sólida es la que establece que, en virtud de los Tratados
libremente firmados por España, se aplica el principio de legítima
defensa y, por lo tanto, no hace falta una declaración formal»,
subrayó. El Congreso expresó ayer su condena de los atentados y su
solidaridad con el pueblo estadounidense.
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