España y Estados Unidos actualizarán su Convenio Bilateral de
Defensa con la incorporación de nuevos elementos de cooperación en
la lucha contra el terrorismo y de sus servicios de inteligencia.
«Los dos países queremos actualizar el Convenio de Defensa a las
nuevas circunstancias, y tenemos la ambición de incorporar
elementos para que la cooperación no sea sólo operativa, sino que
también haya cooperación de los servicios de inteligencia y de
lucha contra el terrorismo», dijo ayer en Washington el ministro
español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. El jefe de la
diplomacia española se reunió en Washington con el secretario de
Estado, Colin Powell, y con el vicesecretario de Defensa, Paul
Wolfovitz, para analizar las maneras en que ambos países pueden
cooperar contra el terrorismo.
Las negociaciones para renovar ese convenio, alcanzado en 1989,
pueden estar finalizadas antes de año, dijo el ministro que subrayó
que «es necesario adaptarlo al nuevo marco estratégico que surge de
las nuevas amenazas» a las que se enfrentan los países. Subrayó que
los atentados terroristas del 11 de septiembre contra EE UU han
hecho plantearse ya a la Unión Europea (UE) que «hay que incorporar
al concepto de defensa y de seguridad europea el de la lucha contra
el terrorismo».
Piqué destacó que el intercambio de datos de los servicios de
espionaje es fundamental para la lucha antiterrorista. Piqué
manifestó ayer en Washington que la experiencia de España en
materia antiterrorista puede ser de gran utilidad para Estados
Unidos en el marco del nuevo escenario estratégico que confronta,
al tiempo que reiteró la solidaridad y disponibilidad de España
para apoyar «los esfuerzos de Estados Unidos contra el terrorismo
en todo aquello que sea necesario».
De otra parte, la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios
ordenó el ingreso en prisión incondicional, por pertenencia a banda
armada, de los seis argelinos detenidos el miércoles, quienes no
fueron interrogados sobre Bin Laden. La juez ordenó el
encarcelamiento de los seis ciudadanos magrebíes por su supuesta
pertenencia al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate,
escindido del GIA argelino, y les imputó también un delito de
falsificación de documentos.
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