(LUXEMBURGO)
Los Quince acordaron ayer una ambiciosa estrategia para una lucha
sin cuartel contra la financiación del terrorismo e intentaron
superar algunos de los complejos escollos que plantea la creación
de la 'euro-orden' de detención y entrega. Como primer arma, los
ministros de Finanzas y Justicia de la UE se dotaron de un
protocolo relativo a informaciones sobre cuentas y transacciones
bancarias del Convenio europeo de asistencia judicial en materia
penal de mayo de 2000.
El protocolo, que deberá ser ratificado por los países miembros
para entrar en vigor, pretende intensificar la batalla contra
crímenes financieros como el blanqueo de capitales, la corrupción o
la falsificación, permitiendo un mayor intercambio de información
sobre extractos bancarios, cuentas y transacciones. Una vez en
vigor, los estados estarán obligados a ofrecer informaciones sobre
cuentas bancarias, a condición de que el crimen perseguido sea
sancionado con una pena mínima de dos años según su legislación y
de cuatro según la del estado demandante, o que la infracción
atente contra los intereses financieros de la UE.
«Ésta será una información esencial en la lucha contra la
financiación de las organizaciones criminales y terroristas.
Además, el protocolo dice expresamente que no puede oponerse el
secreto bancario como causa para denegar la ejecución de la
solicitud de asistencia, ni tampoco la exención fiscal o el
carácter político del delito», subrayó el ministro español de
Justicia, Àngel Acebes.
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