El presidente estadounidense, George W. Bush, ha decidido que se
juzgue ante un tribunal civil al francés de origen marroquí
Zacarias Mussaui, la primera persona que ha sido formalmente
acusada por los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos,
según indicó ayer una portavoz de la Casa Blanca, Claire Buchan. No
obstante, Buchan aclaró que «el presidente considera con fuerza que
los tribunales militares constituyen una opción muy importante en
la guerra contra el terrorismo», según precisó en referencia a las
críticas formuladas en todo el mundo al decreto presidencial que
estableció esos tribunales de excepción para juzgar a extranjeros
sospechosos de realizar actividades terroristas.
La portavoz indicó que durante una reunión en la Casa Blanca, a
principios de semana, Bush mostró ante responsables de la Justicia
y del FBI (policía federal) su preocupación por el riesgo de que un
proceso ante un tribunal civil revele secretos relativos a la
investigación de los atentados del 11 de septiembre. Igualmente se
mostró intranquilo por la seguridad de los jurados, añadió la
portavoz. «Ante las informaciones que le dieron, se decidió que el
proceso se desarrollaría ante un tribunal civil», indicó
Buchan.
Zacarias Mussaui comparecerá el 2 de enero ante un tribunal
federal en Alexandria, en las afueras de Washington, donde le serán
formalmente precisados los cargos retenidos en su contra vinculados
con los atentados del 11 de septiembre, indicó ayer el departamento
de Justicia. Mussaui, de 33 años, fue inculpado ayer por un gran
jurado federal (cámara popular de acusación) en relación con esos
atentados, lo cual le podría conducir a la pena de muerte.
De otra parte, los ataques del 11 de septiembre dejaron al
descubierto los fallos de seguridad en los aeropuertos de EE UU,
donde la vigilancia está a cargo de empresas privadas que durante
años han abaratado sus servicios con el empleo de mano de obra poco
capacitada y mal pagada. Hasta septiembre pasado los empleos mal
pagados en los aeropuertos los tomaban muchos inmigrantes, pero
bajo las nuevas leyes de seguridad esos mismos trabajadores
afrontan despidos y algunos deportación, indicaron grupos de
derechos humanos. Sólo en el aeropuerto de Salt Lake City han sido
despedidas más de 200 personas y procesadas 69, de las cuales 62
son inmigrantes.
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