Foto de familia de los gobernantes de la UE junto a los líderes de los países candidatos a su integración.

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AGENCIAS-BRUSELAS Con la Declaración de Laeken, adoptada ayer en la cumbre de Laeken, por el Consejo Europeo, los gobernantes de la UE pretenden «enmarcar» las cuestiones constitucionales que debería estudiar la Convención, pero serán los Quince quienes tomen las decisiones finales. La Convención, formada por representantes de los gobiernos de la UE, los parlamentos nacionales, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, echará a andar el 1 de marzo de 2002 y durante algo más de un año debatirá de manera pública y democrática sobre la próxima reforma de la Unión prevista para 2004. Tras los desengaños de Maastricht (1991), Amsterdam (1997) y Niza (2000), los líderes se comprometieron a cambiar de método a la hora de decidir la próxima reforma de las instituciones europeas.

El ex presidente francés Valéry Giscard d'Estaing presidirá el nuevo foro europeo lanzado ayer por la cumbre de Laeken, cuyos trabajos podrían desembocar en la primera Constitución de la Europa unida. Los líderes de la UE se pusieron de acuerdo sobre la designación del veterano político centrista, de 75 años, para dirigir la nueva «Convención sobre el futuro de Europa», cuyo mandato y composición definieron en la llamada «Declaración de Laeken». José María Aznar declaró «no tener inconveniente» en apoyar al canditado francés habida cuenta de que su preferido, Amato, dejaba de ser candidato.

Uno de los puntos complejos fue la decisión sobre la composición del comité director, que deberá arropar a Giscard. Además de él y los dos vicepresidentes, estará integrado por los representantes de los tres gobiernos que ejercerán la presidencia de turno de la UE durante los trabajos de la Convención, es decir, España, Dinamarca e Irlanda, por dos representantes de los parlamentos nacionales, dos del Parlamento Europeo y dos de la Comisión. España contará pues con dos puestos en el «presidium», ya que además del representante gubernamental se da por descontado que uno de los dos delegados del PE será el eurodiputado popular Iñigo Méndez de Vigo, co-ponente de la Eurocámara sobre el futuro de Europa.

Por otro lado los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) declararon al término de la cumbre la operatividad de la política europea de seguridad y defensa, en virtud de la cual preparan una fuerza de gestión de crisis de 60.000 hombres para 2003, sin el acuerdo de Grecia por sus problemas con Turquía. En sus conclusiones, el Consejo Europeo se declaró «en medida de llevar a cabo operaciones de gestión de crisis». «El desarrollo de medios y capacidades a su disposición permitirá a la UE asumir progresivamente operaciones cada vez más complejas», estiman.