El Gobierno argentino se reunió anoche para definir el decreto que
declarará el estado de sitio en el país. El presidente, Fernando de
la Rúa, está reunido con todos los ministros «para estudiar el
alcance del decreto del estado de sitio», ante la ola de saqueos a
supermercados y pequeños comercios de las últimas horas, que ha
ocasionado ya al menos cuatro muertos. Esa medida, de aprobarse,
implica la suspensión de ciertas garantías constitucionales y la
puesta a disposición del Gobierno de las fuerzas de seguridad
(Policía Federal, Prefectura y Gendarmería). Consultados los
portavoces sobre si el Gobierno ya había decidido declarar el
estado de sitio, al margen de definir los alcances en el decreto,
respondieron afirmativamente.
La medida debe aprobarse en un decreto que tiene que ser firmado
por el jefe de Estado. Según la Constitución argentina, el estado
de sitio debe ser declarado por el Congreso, pero cuando esté en
receso el Parlamento, como ahora, puede hacerlo el Gobierno cuando
existan causas que determinen la «conmoción interior». La medida se
puede declarar en la parte del territorio nacional donde se
registre la «perturbación». Precisamente el jefe de Estado
estudiaba con sus ministros las regiones dónde regirá el estado de
sitio.
Mientras, la Cámara de Diputados de Argentina, en un trámite de
menos de un minuto, derogó anoche la ley que aprobó en marzo pasado
para delegar en el Gobierno facultades legislativas. La llamada ley
de los «superpoderes» será anulada definitivamente si la decisión
de los diputados es avalada por el Senado, dominado por el opositor
Partido Justicialista (PJ-peronista). La norma legal fue reclamada
con insistencia por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, tan
pronto llegó al cargo, pues facultaba al Gobierno para aplicar
disposiciones en materia impositiva y de presupuesto que estaban
reservadas al Parlamento.
Cientos de argentinos se lanzaron ayer a saquear supermercados y
comercios en distintos puntos del país, en los peores incidentes de
este tipo en más de una década, mientras que el Gobierno prometía
repartir alimentos. Los disturbios más serios ocurrieron en varias
localidades de los suburbios de Buenos Aires, en donde decenas de
personas vaciaban las estanterías de comercios y en algún caso
incendiaban luego el local. Los blancos de los ataques era
fundamentalmente tiendas pequeñas y medianas, mientras que algunos
de los grandes centros de compra decidieron entregar
voluntariamente bolsas con comida para evitar ser atacados.
Incluso un grupo de manifestantes lanzó piedras y pateó el coche
oficial del presidente argentino, Fernando de la Rúa, entre
insultos. Desbordado, el Gobierno acusó a activistas políticos. La
falta de crecimiento económico en los últimos cuatro años disparó
además el número de desempleados, que actualmente llega al récord
histórico de 2'53 millones.
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