Amnistía pide entrar en Guantánamo para ver a los prisioneros afganos

«Es esencial -subrayó Amnistía Internacional- que abogados y monitores de derechos humanos tengan acceso a esos prisioneros, que garanticen que sus derechos son totalmente respetados» La investigadora de AI para EE UU, Angela Wright, se felicitó por el hecho de que observadores del Comité Internacional de la Cruz Roja hayan podido examinar el campo detención, pero lamentó que «no se les permita informar de sus hallazgos».

Por eso, «nos parece que es muy importante facilitar el acceso a otras organizaciones pro derechos humanos que puedan hacer público lo que han visto», explicó Wright. Además, Amnistía no considera «imparcial» el informe elaborado por funcionarios del Gobierno británico que el pasado fin de semana comprobaron en qué condiciones están los tres ciudadanos del Reino Unido recluidos en Guantánamo.

Mientras, y ante las crecientes protestas en el extranjero, EE UU defendió ayer el trato que otorga a los prisioneros en Guantánamo (Cuba) como «humano» y «totalmente» conforme con las leyes internacionales, y no dio muestras de que cambiará su postura. El secretario de Defensa de EE UU, Donald Rumsfeld, consideró «un disparate» calificarlo como «tortura», negó que se haya maltratado a ningún detenido, alabó el comportamiento «profesional» de los militares que se encargan de custodiarlos y hasta destacó que, a diferencia de muchos cubanos, «tienen aire acondicionado».

«Las acusaciones que han realizado muchos, desde una cómoda distancia, de que los hombres y mujeres de las fuerzas armadas de EE UU no se están comportando correctamente con los detenidos a su cargo son simplemente falsas», señaló un Rumsfeld visiblemente enfadado. Políticos y medios de comunicación europeos han censurado las condiciones en que han sido recluidos los prisioneros en la base naval de Guantánamo, después de que se divulgara una fotografía que los mostraba esposados y arrodillados, con guantes, orejeras y gafas opacas.

Un juez federal de Los Angeles (California), Howard Matz, consideró ayer una demanda de grupos pro derechos civiles contra el confinamiento de esos prisioneros, en la que se alega que su trato viola la Convención de Ginebra y la Constitución de EE UU. Los demandantes quieren que el Gobierno presente a los sospechosos ante los tribunales y precise cuáles son los cargos en su contra. Aunque el juez expresó sus «serias dudas» de que tenga jurisdicción sobre ese asunto, fijó para el 31 de enero el plazo en el que el Gobierno federal debe presentar sus argumentos y estableció una nueva audiencia para el 14 de febrero.