Mientras continúa la incertidumbre acerca de la llegada a la zona
de la misión investigadora de la ONU para esclarecer lo sucedido en
Jenín, el Ejército israelí comienza a sacar sus propias
conclusiones de la operación y ayer reveló numerosos fallos en las
acciones de sus tropas. La descoordinación de las distintas
unidades que participaron en la invasión de ese campo de
refugiados, así como las dificultades para estimar el número de
palestinos armados y la inexperiencia de los soldados en una
operación de tal envergadura, son algunas de las deficiencias del
Ejército israelí en Yenín.
Fuentes militares no identificadas se mostraron críticas con la
política seguida por el Ejército israelí de impedir el acceso de la
prensa y organizaciones humanitarias a Jenín, «lo que sirvió como
pretexto» a los palestino para demostrar que el Ejército llevó a
cabo masacres contra civiles en ese campo. Dos expertos forenses
holandeses que investigaron sobre el terreno para la organización
Cordaid, declararon que el Ejército israelí, sin llegar a perpetrar
un «baño de sangre», ha cometido violaciones de Derechos Humanos a
gran escala en Jenín. Por otra parte, el presidente de la ANP,
Yaser Arafat, no saldrá del complejo de la «mukata» hasta que los
tanques israelíes se retiren de toda Ramala, mientras en Belén sus
negociadores suspendieron los contactos con el Ejército para poner
fin al asedio israelí a la Basílica de la Natividad.
Los primeros pasos para devolver la libertad a Arafat, según una
iniciativa del presidente George W. Bush que tanto Israel como la
ANP aceptaron el domingo, coincidieron con una nueva incursión de
blindados israelíes en el distrito de Hebrón, que causó la muerte a
diez palestinos y heridas a más de una veintena. Abed Rabo, minitro
de información de la ANP salía al paso de unas declaraciones de su
colega israelí de Defensa, Benjamín Ben Eliézer, en el sentido de
que Arafat «es libre» de abandonar Ramala «hoy mismo», siempre y
cuando se deje en la «Mukata» a los seis activistas y funcionarios
palestinos que debe transferir a la custodia conjunta de efectivos
de EE UU y Gran Bretaña. Se trata de cuatro milicianos del Frente
Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) -a los que la ANP
condenó el jueves a entre 1 y 18 años de prisión por el asesinato
del ministro israelí de Turismo, Rejavam Zeevi, en octubre pasado-
y del líder de ese movimiento, Ahmed Saadat.
El sexto es un Fuad Shobaki, encargado de presupuestos para los
organismos de seguridad palestinos y a quien Israel responsabiliza
de organizar un cargamento ilegal de armas con destino a Gaza, que
comandos israelíes interceptaron en enero en aguas del Mar Rojo. La
ANP aceptó entregar a los seis a custodia de EE UU y Gran Bretaña,
en una cárcel de la ciudad cisjordana de Jericó, en respuesta a una
propuesta de Bush para que Israel -que también la ha
aprobadolevante el asedio a Arafat. Un grupo de expertos de ambos
países revisó la cárcel a la que serán transferidos los activistas
palestinos. Con este «trato», Israel espera obtener ayuda de
Washington frente a la ONU para alterar las atribuciones de la
comisión internacional de investigación de las acciones en
Jenín.
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