Solana junto al representante internacional para Bosnia, Paddy Ashdown.

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EFE-WASHINGTON/BRUSELAS «Buscamos la plena protección de nuestros 'cascos azules' a través del Consejo de Seguridad», dijo ayer el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, quien pidió esperar a que terminen las negociaciones sobre el tema, en la sede de la ONU, en Nueva York. «Las reuniones continúan (...), EE UU trabaja muy intensamente a través de la ONU en conversaciones bilaterales para tratar de llegar a un acuerdo que dé a nuestros 'cascos azules' la inmunidad que buscan y que merecen», afirmó el portavoz en conferencia de prensa.

Fleischer reiteró el argumento estadounidense de que el TPI pondría en una situación de «riesgo inaceptable» a los funcionarios y militares de EE UU que participan en misiones internacionales en todo el mundo, porque podrían ser objeto de denuncias «por razones políticas». Washington rechaza también la naturaleza del Tribunal, que, en contraste con otras cortes internacionales por crímenes de guerra -como la que juzga al ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic-, éste no tiene una misión o un período de tiempo preestablecido.

El presidente George W. Bush expresó la disposición de su administración a seguir negociando, pero fue tajante al afirmar que «lo que no vamos a hacer en ningún caso es ratificar el TPI».

Una salida podría encontrarse en la propuesta de la delegación estadounidense en Nueva York, que busca que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -EE UU, Rusia, Reino Unido, Francia y China- tengan poder de veto sobre el Tribunal. Washington lograría así que en caso de pedir el TPI el juicio para un soldado norteamericano sea el Consejo de Seguridad el que lo apruebe o rechace. Al tener EE UU derecho de veto, se garantizaría la imposibilidad de enjuiciamiento.